La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada trabaja en el análisis de cientos de mensajes de Whatsapp encontrados en los teléfonos de los 16 miembros de una red criminal que operaba en la Dirección General de Ingresos (DGI).
En estos mensajes, la fiscalía busca la vinculación de otras personas que presuntamente tuvieron una participación activa en el manejo de créditos fiscales que fueron asignados a terceros a cambio de fuertes sumas de dinero.
El pasado sábado, la juez de garantías Xenia Pérez decretó la detención provisional para 13 de los imputados por delitos de blanqueo de capitales, delincuencia organizada y falsificación de documentos aprehendidos en la operación Pandora, que dejó al descubierto una red criminal que borraba cuentas millonarias de los contribuyentes que se gestionaban a través del sistema E-Tax de la DGI que habían sido pagados al fisco.
En una primera audiencia, que concluyó la mañana del pasado sábado, la juez Pérez ordenó la detención preventiva de 13 de los imputados y concedió una medida de depósito domiciliario para una exfuncionaria de la DGI.
Posteriormente el domingo imputó cargos a dos funcionarias de la DGI que presentaron problemas de salud durante la primera audiencia. A una de ellas le aplicó la medida de detención provisional, mientras que a la otra le otorgó arresto domiciliario.
Mientras que para el próximo 3 agosto se fijó la audiencia solicitada por los abogados defensores que apelaron las medidas cautelares aplicadas por la juez de garantías Xenia Pérez.
La fiscalía pudo establecer que a los miembros de la red se le asignaban distintas tareas para facilitar la transferencia a terceros de créditos fiscales, congelar boletas de pago y alterar documentación.
En algunos casos la investigación reveló que los funcionarios se comunicaban internamente a fin de asignar las tareas para la alteración de los documentos fiscales.
Las investigaciones que se llevan a cabo señalan que algunos funcionarios de la DGI habrían recibido pagos ilegales, fuera de sus salarios, a cambio de efectuar los ajustes internos en los sistemas E-Tax 2.0 que permitían trasladar las deudas de unos contribuyentes a favor de terceros.
Con medida cautelar de depósito domiciliario quedaron Rina Mildred Arza, Angeline Rodríguez y Lupo González.
Mientras que detenidos de manera preventiva permanecen Jerkovich Joiner, Héctor Luna, Juan Palacios, Karen Pittí, Catherine Aguirre, Karina Suarez, Nilka Murgas, Carlos Ferguson, Daira López, Elodia De León, Juana Chong, Vielka Sáez y Margie Caballero.
