Operación Pandora: Fiscalía vincula a red en la DGI con fraude de $40 millones

La jueza Zenia Pérez legalizó la aprehensión de 16 investigados en la operación Pandora.

Operación Pandora: Fiscalía vincula a red en la DGI con fraude de $40 millones
A través de la operación Pandora se logró desarticular la operación “Pandora". Los aprehendidos fueron llevados este jueves a audiencia. LP Juan Manuel Díaz

Como una red ligada al crimen organizado que operaba dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI), dedicada a la falsificación y alteración del sistema E-tax, que permitía la cesión ilegal de créditos fiscales, calificó el fiscal Dagoberto Alvarado al grupo de 16 personas aprehendidas ayer, miércoles, en la operación Pandora.

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En una audiencia, que se inició a las 2:00 p.m. de este jueves, el fiscal Alvarado detalló que miembros de esa red recibieron transferencias por $21 millones, $12 millones, $4.4 millones y $10 millones, provenientes de las alteraciones del sistema de la DGI.

Durante la audiencia, la jueza Zenia Pérez legalizó la aprehensión de las 16 personas capturadas en la operación Pandora, entre ellas funcionarios, exfuncionarios de la DGI y particulares, quienes son investigados por su presunta vinculación con la red. Asimismo, la jueza Pérez legalizó las diligencias de incautación de datos y de inspección ocular realizadas en la DGI.

De acuerdo con el fiscal Alvarado, la red criminal que operaba dentro de la DGI ocasionó una lesión al Estado por $40 millones.

El fiscal también explicó que existió un acuerdo entre los funcionarios (entre los que se encontraban auditores y contadores) para realizar las alteraciones y canalizar los fondos a terceros. Entre los 16 investigados hay 11 funcionarios de la DGI, de los cuales ocho son mujeres. También figura un ciudadano dedicado a la compra y venta de caballos que reportó ganancias por $10 mil mensuales.

Asimismo, entre los procesados figuran abogados y representantes de empresas y sociedades a las que se transferían fondos.

Durante la audiencia, la jueza también legalizó las diligencias de incautación de datos y de inspección ocular realizadas en la DGI.

La investigación se inició en el año 2024, a raíz de una denuncia anónima sobre irregularidades en la tramitación de créditos fiscales.


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