El fiscal Dagoberto Alvarado calificó como una red ligada al crimen organizado dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI), dedicada a la falsificación y alteración del sistema E-tax, al grupo de 16 personas aprehendidas el pasado miércoles 8 de julio, en la operación Pandora.
En una audiencia, que se inició a las 2:00 p.m. de este jueves, el fiscal Alvarado detalló que miembros de esa red recibieron transferencias por $21 millones, $12 millones, $4.4 millones y $10 millones, provenientes de las alteraciones del sistema de la DGI.
Durante la audiencia, la juez Zenia Pérez legalizó la aprehensión de las 16 personas capturadas en la operación Pandora, entre los que hay funcionarios y exfuncionarios de la DGI, quienes son investigados por su supuesta vinculación con la red.
La fiscalía investiga la presunta comisión de delitos de estafa, falsificación de documentos, asociación ilícita para delinquir y blanqueo de capitales.
Asimismo, la juez Pérez legalizó las diligencias de incautación de datos y de inspección ocular realizadas en la DGI.
Llegada de los aprehendidos en Operación Pandora al SPA.
— La Prensa Panamá (@prensacom) July 9, 2026
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De acuerdo con el fiscal Alvarado, la red criminal que operaba dentro de la DGI ocasionó una lesión al Estado por $40 millones.
El fiscal también explicó que existió un acuerdo entre los funcionarios (entre los que se encontraban auditores y contadores) para realizar las alteraciones: por ejemplo, un contribuyente realizaba un pago, pero esos fondos se le registraban a un tercero.
Entre los 16 investigados hay 11 funcionarios de la DGI, de los cuales ocho son mujeres. También figura un ciudadano dedicado a la compra y venta de caballos que reportó ganancias por $10 mil mensuales.
Asimismo, entre los procesados figuran abogados y representantes de empresas y sociedades a las que se transferían fondos.
Durante la audiencia, la juez también legalizó las diligencias de incautación de datos y de inspección ocular realizadas en la DGI.
Receso
Poco antes de las 7:00 p.m. de este jueves, la juez declaró un receso hasta el viernes 10 de julio, para que los abogados defensores puedan consultar la carpeta de la investigación que contiene 45 tomos.
Esto, luego de que algunos abogados alegaran que no habían podido revisar la extensa documentación.
La juez también que ordenó a la fiscalía revisar los registros médicos de algunos investigados que aseguran tener patologías graves y que -según sus abogados- necesitan medicación.
Esta investigación se inició en el año 2024, a raíz de una denuncia anónima sobre irregularidades en la tramitación de créditos fiscales.
