La investigación del Ministerio Público contra la red que manipuló el sistema e-Tax 2.0. para apropiarse de créditos fiscales, tiene ya dos querellantes: el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Ingresos (DGI), y la sociedad Krishell Investment Inc.
La participación del MEF como querellante implica que el Ejecutivo se ha implicado directamente en esta causa penal. No es la primera vez: por ejemplo, en el caso Odebrecht, el Ministerio de Seguridad Pública se constituyó en querellante.
Durante las audiencias desarrolladas en el Primer Distrito Judicial desde que se llevó a cabo la operación Pandora, tanto la abogada de la DGI, Diva Pinzón, como el abogado Jorge Gutiérrez, representante de Krishell Investment Inc, se han plegado a las peticiones adoptadas por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia, en cuanto a las imputaciones de cargos y aplicación de medidas cautelares a los investigados por este caso.
En la investigación han surgido otras sociedades y empresas que habrían sido afectadas con la manipulación de los créditos fiscales o en las que se incumplieron las formas regulares de cesión.
Entre estas sociedades que se mencionan como supuestamente afectadas por el esquema de corrupción orquestado dentro de la DGI están Enel Investment Holding BV. (con créditos fiscales por $8 millones), Citibank Overseas Investment ($14.8 millones), The Shell Co W I Limited ($2.1 millones) y Thunderbird Resorts ($1.6 millones).
También figuran GT Mustang, S.A. ($3,450), National Union Fire ($395,000), Leemart Property Ltd. ($701,000), Consalfa ($800,000) y NT Mantilla Ariza, S.A. ($50,000).
En la mayoría de estas transacciones figura como intermediario Servicios de Asesoría y Administración Jurado, cuyo representante legal es José Miguel Jurado Rovira, actualmente detenido por este caso.
Hasta ahora, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada ha logrado imputar cargos por delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, corrupción de funcionarios y delincuencia organizada a 17 personas.
Igualmente, la fiscalía ha girado órdenes de aprehensión contra dos personas por su presunta vinculación con el esquema criminal que operaba dentro de la DGI.
El Ministerio Público también analiza una serie de correos electrónicos y direcciones IP para establecer la presunta participación de otras personas.
La investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción y luego enviada a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada aún se encuentra en una fase de ubicación de la estructura operacional de la red criminal a lo interno de la DGI y sus vínculos con firmas de abogados, contadores, asesores financieros y compradores de los créditos fiscales.
En esta investigación, la fiscalía rastrea en los bancos el dinero relacionado con la compra de los créditos fiscales obtenidos de manera fraudulenta y sin el conocimiento de sus legítimos propietarios.
