Penas de 60 y 48 meses de prisión les fueron aplicadas a 12 de los 17 imputados por delitos financieros y blanqueo de capitales, quienes fueron detenidos en la operación Simbad, la cual dejó al descubierto un esquema para sustraer $711 mil de las cuentas de un cliente de Banistmo.
Durante la audiencia que se desarrolló entre el martes y miércoles pasados, la jueza de garantías Didia Ruiz Delgado validó los acuerdos de pena alcanzados entre la mayoría de los imputados y la fiscalía.
Cuatro de los imputados recibieron condenas por 60 meses de prisión, mientras que otros ocho fueron sancionados con penas de 48 meses de cárcel e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, una vez cumplida la pena principal.
Al mismo tiempo, la jueza impuso a tres ciudadanos la medida cautelar personal de detención provisional y a otros dos ciudadanos les aplicó la medida cautelar de reporte periódico ante el Ministerio Público y prohibición de salida del país.
📹 Tras la operación "Simbad", se lograron 13 condenas, 4 por delitos financieros, 1 por delitos financieros agravados y 12 por blanqueo de capitales, además del resarcimiento de casi 200 mil dólares. La fiscal Cheryl Álvarez nos dice más. 👆 pic.twitter.com/doAiT6yOau
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) March 21, 2024
Previamente, se legalizó la aprehensión de los ciudadanos y se dio por presentada la formulación de imputación de cargos hecha por la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros. Durante la audiencia, dos abogados de la defensa anunciaron recurso de apelación.
Esta audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones, para resolver este recurso, fue programada para el próximo miércoles 27 de marzo, a las 2:00 p.m., en la sala número 3 de las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio ubicadas en Plaza Fortuna.
La investigación tuvo su génesis a raíz de una alerta presentada por un cliente del banco, quien detectó la disminución de los fondos depositados en sus tres plazos fijos, lo que llevó a la presentación de la denuncia ante el Ministerio Público.
En este caso se detectó que los fondos sustraídos de las cuentas bancarias fueron depositados a nombre de terceras personas, que luego los hicieron efectivos.
Parte de estos fondos tuvieron como destino una empresa en la Zona Libre de Colón, en la provincia de Chiriquí y Herrera.
