Las operaciones anticorrupción realizadas por el Ministerio Público en las últimas dos semanas han dejado un total de 21 personas imputadas por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, entre ellos cinco exfuncionarios, un alcalde y un exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).
Una de las investigaciones, denominada “Operación Acrópolis”, fue ejecutada por la Fiscalía en conjunto con la Policía Nacional y dejó como resultado 13 personas imputadas. Entre ellas figuran funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Salud (Minsa), implicados en un presunto esquema de fraude por más de $576 mil.
Según las pesquisas, esta red intentó apropiarse de fondos que el MEF debía transferir a una empresa de origen chino, pero que fueron desviados a otras dos compañías sin relación con la transacción, con la colaboración de funcionarios de ambas entidades.
En otra operación, seis personas fueron imputadas y detenidas por su vinculación con irregularidades en el programa de sanidad básica, a cargo del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades). Este programa tenía como objetivo dotar de servicios básicos a comunidades en condiciones de pobreza extrema y de difícil acceso.
En este caso, se ordenó la detención preventiva del alcalde de Pocrí, provincia de Los Santos, Manuel Soriano, y de contratistas a quienes se les asignaron varias obras que no fueron concluidas.
Los imputados son investigados por su presunta responsabilidad en obras inconclusas en el marco del programa de sanidad básica de Conades en el distrito de Macaracas, provincia de Los Santos, cuyo valor asciende a $3 millones. De acuerdo con las investigaciones, se debía construir un total de 1,104 unidades de servicios básicos en comunidades como Mogollón, Bajo Guera, Espino Amarillo y El Cedro.
Además, el Ministerio Público abrió otras 14 carpetas relacionadas con proyectos no ejecutados por Conades en las provincias de Panamá Oeste, Coclé, Veraguas y Colón.
Conades ha presentado 22 denuncias y dos querellas relacionadas con ese programa, debido a que varios proyectos quedaron inconclusos, a pesar de haberse entregado adelantos para su ejecución. De forma preliminar, las autoridades estiman una posible lesión patrimonial al Estado superior a los $8 millones.
Por otro lado, el exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, fue detenido en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales y peculado.
La Fiscalía Anticorrupción le atribuye irregularidades en el manejo de los auxilios económicos otorgados por el Ifarhu, por un monto de $24 millones. Entre las anomalías detectadas se encuentra la falta de seguimiento a los beneficiarios, quienes en muchos casos no culminaron sus estudios ni devolvieron los fondos otorgados.
La fiscalía también está a la espera de auditorías de varios periodos durante los cuales el Ifarhu entregó auxilios económicos, con el fin de detectar otras posibles irregularidades en el manejo de los fondos del programa.
Por su parte, la defensa de Meneses ha solicitado que la investigación se extienda al manejo de fondos del Ifarhu bajo otras administraciones.
