Autoridades iniciaron las labores de demolición de un una piscina ilegal de concreto construida directamente encima de un ecosistema vivo de arrecife de coral y aguas públicas del Estado panameño, ubicada dentro de un lujoso complejo residencial con acceso al mar en Portobelo, provincia de Colón.
El Ministerio de Ambiente de Panamá (MiAMBIENTE) confirmó que su personal técnico de la Dirección Regional de Colón se encuentra fiscalizando el cumplimiento de la Resolución DRCL-M-REMOC-001-0502-2025, emitida formalmente por esa institución el 5 de febrero de 2025, que detalla una orden directa de remoción y demolición de la estructura ilegal dentro de una de las zonas residenciales de playa exclusivas del Caribe panameño.
Este medio pudo conocer que se trata de una edificación en el Residencial San Marino Ocean Front, situado en el corregimiento de María Chiquita, dentro del distrito de Portobelo. Al ser un complejo cerrado con zonificación residencial y acceso directo al mar, los propietarios deben ceñirse estrictamente a las líneas de construcción aprobadas.
El caso se encuentra en medio de un proceso administrativo tras una denuncia formal ciudadana interpuesta desde 2020.
MIAMBIENTE explica que la ordenanza mandata la remoción y demolición inmediata de la piscina de recreación personal.
Los trabajos de remoción están siendo ejecutados por el Municipio de Portobelo, entidad responsable de dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolución emitida por la institución rectora del ambiente.
De acuerdo al informe, la medida es impostergable para frenar los impactos negativos severos sobre la dinámica natural costera y garantizar la protección de los vulnerables ecosistemas marino-costeros de la bahía portobeleña.
El Parque Nacional Portobelo protege más de 8,500 hectáreas de áreas marinas, costas y arrecifes de coral. Cualquier alteración física del lecho marino (como excavar, verter cemento o modificar el flujo del agua para crear una piscina privada) causa un impacto severo a los ecosistemas de pastos marinos y corales.
Las leyes ambientales panameñas tipifican esto como un delito contra los recursos naturales, lo que obliga a la demolición de la obra para mitigar el daño ecológico.
Además, implica una sanción económica al infractor (cuya cifra no ha sido revelada), por haber operado la estructura por 25 años sin un real Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Categoría II.
MiAMBIENTE aseguró que mantendrá las inspecciones en el área residencial hasta lograr la restauración total del lecho marino afectado.
