El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial ordenó la detención provisional del empresario chino Lian Zhang, requerido en su país por una presunta estafa de $275 millones.
En una audiencia que se inició a las 4:30 p.m. de este domingo 12 de julio, los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones negaron el beneficio de fianza de excarcelación a Zhang, al considerar que existe riesgo de fuga, y se dio inicio al proceso de extradición hacia China.
Los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones Gustavo De Gracia, Eric Vergara y Greta Marchosky acogieron la petición presentada por el fiscal de Asuntos de Internacionales del Ministerio Público, José Candanedo, de mantener la detención provisional de Zhang.
Zhang, quien estuvo representado por los abogados Ana Belfon y Guillermo Cochez, no aceptó la extradición simplificada, por lo que ahora el gobierno de la República Popular China, tendrá un término de 60 días para entregar la documentación requerida para su extradición.
El detenido, a quien se le imputan cargos por el delilto de apropaición ilícita de bienes, quedó a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta que se cumplan los tramites para su extradición al país asiático.
El empresario fue detenido el sábado 11 de julio en Calidonia, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol emitida por las autoridades chinas, que lo señalan por su presunta participación en la apropiación ilícita de activos empresariales entre 2020 y 2022.
Zhang es directivo de Landbridge Holding inc. (LHI), una corporación registrada en Barbados que en su momento tuvo el control de Panama Colon Container Port (PCCP), la sociedad que obtuvo el contrato de concesión (ya rescindido por incumplimiento) para el desarrollo de un puerto y una terminal de contenedores en Isla Margarita, Colón.
También es el presidente y apoderado de Sinolam Smarter Energy LNG Power, Co. (hasta 2018 se llamaba Martano Inc.), que hasta el año 2024 tenía un contrato para construir un proyecto energético en Puerto Pilón, Colón. Aquel proyecto, al igual que el de Isla Margarita, tampoco tuvo un final feliz y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) le retiró la licencia de construcción y explotación de la planta.
