El Órgano Judicial adjudicó hoy martes, 50 posiciones de jueces de garantías, cumplimiento y de juicio, así como otras nueve posiciones de magistrados de tribunales superiores para los cuatro distritos judiciales del país.
La adjudicación de las posiciones se efectuó luego que los aspirantes participaron en concursos de selección y aplicación de competencias para el ejercicio de sus funciones como administradores de justicia a través de los conceptos desarrollados tras la implementación de la carrera judicial.
La magistrada presidenta de la Corte, María Cristina Chen Stanziola, quien junto a la magistrada Maribel Cornejo y la magistrada Margarita Centella presidenta del Consejo de la Administración de Carrera Judicial, reconoció que la designación de estos nuevos magistrados de tribunales superiores y jueces constituye un importante avance en el proceso de implementación de la carrera judicial.
La magistrada Chen Stanziola aseguró que la carrera judicial permite que los magistrados y jueces puedan alcanzar nuevas posiciones dentro del sistema de administración de justicia a través de sus méritos, la eficiencia en su desempeño y esfuerzo personal en el fortalecimiento de sus capacidades.
Reconoció que la implementación de la carrera judicial requiere de mucho trabajo de preparación, procesos y procedimientos que buscan asegurar que los ascensos se produzcan en base a méritos, desempeño y la antigüedad de quienes son parte del sistema de administración de justicia.
La ley de carrera judicial establece que los jueces y magistrados deberán acreditar competencias organizacionales, específicas y técnicas, vinculadas a conocimientos, destrezas, capacidad de gestión y manejo de herramientas necesarias para el ejercicio del cargo.
La evaluación del desempeño de jueces y magistrados está compuesta por seis factores clave: productividad, competencias, atención al usuario, manual de buenas prácticas laborales, cumplimiento de normas éticas y disciplinarias, y clima laboral.
En julio de 2022, el Órgano Judicial implementó el proceso de evaluación de jueces y magistrados aprobado por el Consejo de Administración de la Carrera Judicial. Este proceso es uno de los pilares fundamentales de la Ley 53 de 2015, que estableció tres carreras: judicial, defensa pública y administrativa judicial.
