PROYECTO RIEGO DE TONOSÍ

Pagos ocultos de Ricky Calvo

La Fiscalía Tercera Anticorrupción destacó los movimientos de cheques que el comerciante realizó desde una cuenta del Banco Universal.

El cheque de $20 mil que enreda a Julio Miller

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Ricardo ‘Ricky’ Calvo (izquierda), Felipe ‘Pipo’ Virzi (centro) y el abogado José María Castillo (derecha) Ricardo ‘Ricky’ Calvo (izquierda), Felipe ‘Pipo’ Virzi (centro) y el abogado José María Castillo (derecha)
Ricardo ‘Ricky’ Calvo (izquierda), Felipe ‘Pipo’ Virzi (centro) y el abogado José María Castillo (derecha) LA PRENSA/Archivo

La Fiscalía Tercera Anticorrupción, que investiga el caso del fallido proyecto de riego de Tonosí, le siguió la pista a los movimientos de varias cuentas de Ricardo Ricky Calvo en el Banco Universal, desde la que se emitieron cheques a abogados, políticos y a la empresa Consorcio HPC Contratas-P&V, que en el gobierno pasado obtuvo el contrato por $193.7 millones para construir el Centro de Convenciones Atlapa en Amador.

Las transacciones aparecen registradas en la vista fiscal que envió la fiscal Zuleyka Moore al Órgano Judicial y en la que pide juicio para 33 personas, incluyendo a Calvo y al comerciante Felipe Pipo Virzi. Calvo está prófugo.

Se resaltan tres cheques al excandidato presidencial José Domingo Arias ($20 mil, 100 mil y $150 mil); uno de $10 mil al excandidato a la Alcaldía de Panamá José Luis Fábrega; otro por $10 mil al abogado Sidney Sittón; y dos pagos de $15 mil a su colega José María Castillo.

Arias no respondió las llamadas de este medio para consultarle sobre el caso;

Fábrega negó rotundamente haber recibido ese cheque; mientras que Sittón y Castillo dijeron que fueron por servicios profesionales.

EMITIDOS

“De manera consciente y voluntaria” Ricardo Ricky Calvo Latorraca cumplió con las instrucciones emanadas, prestando la cuenta Summer Venture para que allí “se depositara dinero producto de un ilícito”, y a la vez, “sirvió como emisor de los cheques de quienes se beneficiaron del delito de peculado y corrupción de servidores públicos”.

Así lo concluyó la fiscal tercera anticorrupción, Zuleyka Moore, al sustentar los cargos que formuló a Calvo por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales en la investigación que siguió su despacho por el caso del fallido proyecto de riego de Tonosí, obra adjudicada en 2012 a la empresa ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo (H&H).

Calvo, otra de las figuras pertenecientes al círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli, recibió, según el Ministerio Público (MP), $5.2 millones de la empresa Hidalgo & Hidalgo a través de Summer Venture, en la que también tiene firma el comerciante y exvicepresidente de la República Felipe Pipo Virzi.

Pero, de acuerdo con la fiscal Moore, el ejecutivo de H&H Marco Albán Crespo reveló bajo juramento que emitió cheques a Calvo por $212 mil 500, $20 mil y $25 mil 500 a nombre de la Fundación Ricala.

PAGOS

A la Fiscalía también le llamó la atención la emisión de cheques desde una cuenta terminada en 5479 del Banco Universal.

La vista fiscal del caso detalla que desde esa cuenta se hicieron pagos a políticos, abogados e, incluso, a una empresa que obtuvo un millonario contrato con el pasado gobierno.

Por ejemplo, el excandidato presidencial por el partido Cambio Democrático José Domingo Arias recibió tres cheques: uno por $150 mil (14 de abril de 2014); otro por $100 mil (14 de abril de 2014) y un tercero por $20 mil (9 de octubre de 2013).

Este medio llamó a Arias para que explicara a raíz de qué se hizo ese pago, pero no respondió a las llamadas.

Estas transferencias no tienen relación con otro cheque de $100 mil que emitió la empresa H&H al partido Cambio Democrático.

Otro político que recibió dinero de Calvo, según las pesquisas, fue el expresidente de la Asamblea Nacional y también miembro de CD Héctor Aparicio, a quien se le pagaron $35 mil el 29 de abril de 2014.

Consultado sobre el tema, Aparicio dijo no haber recibido esos fondos. “Ni por medio del Banco Universal ni por medio de Felipe Virzi ni por medio de Ricky Calvo. No tengo ningún vínculo con esa gente (...)”, recalcó.

También figura un pago al perredista excandidato a la alcaldía de Panamá José Luis Fábrega, a quien, de acuerdo con documentos de la Fiscalía Tercera, Calvo le dio $10 mil el 23 de abril de 2014. Cuando se le preguntó sobre el particular, Fábrega contestó: “Tengo mi propio banco y mi campaña la financié solo. Si conocen a alguien que quiera donar a mi campaña alcaldicia para 2019, con gusto acepto la donación, previa investigación de dónde vienen esos fondos”.

También se registran pagos por $20 mil al exministro de Desarrollo Agropecuario Óscar Osorio, a través de cuatro cheques de $5 mil. Estos se emitieron entre el 1 de enero de 2012 y el 10 de febrero de 2014.

Además, aparece una transacción a nombre de María Isabel Osorio, por $20 mil, efectuada el 29 de agosto de 2012. Osorio se encuentra detenido preventivamente por este caso.

Otro de los pagos que aparece en el documento de la fiscalía es uno de $10 mil al abogado Sidney Sittón. La transacción se gestionó el 14 de agosto de 2014. Sobre ello, Sittón manifestó que si Ricky Calvo le giró un cheque “tiene que ser por honorarios profesionales”.

Dijo que no representa a Calvo en el caso del fallido proyecto de riego de Tonosí, pero antes le ha atendido otros temas legales.

Asimismo, figura el nombre del abogado José María Castillo, quien según la Fiscalía Tercera recibió dos cheques de $15 mil cada uno. El primero lo recibió el 27 de octubre de 2014 y el segundo, el 18 de noviembre de ese mismo año.

Castillo dijo a este medio que fue abogado de Pipo Virzi y que el pago corresponde a sus honorarios para representarlo en el proceso que siguió la Asamblea Nacional al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna, preso en la cárcel El Renacer por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos. “Son honorarios de abogados”, aseguró Castillo.

En su momento, Moncada Luna dijo que Virzi le prestó $750 mil dólares para adquirir apartamentos en San Francisco.

La empresa Consorcio HPC Contratas-P&V, a la que el gobierno pasado le adjudicó el contrato por $193.7 millones para la construcción del Centro de Convenciones de Amador, recibió pagos de Calvo por $100 mil y $80 mil. Estos se efectuaron el 14 de agosto de 2014.

Como dignatarios de esa sociedad figuraban Mauricio Ortiz Quesada y Claudio Poma Murialdo, ambos prófugos de la justicia, luego de que el Ministerio Público los investigara por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales en las pesquisas relacionadas con las transacciones que hizo el exmagistrado Moncada Luna.

EL CASO ZAPATA

Leonel Zapata, miembro del grupo de amigos de Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares, hijos del expresidente de la República Ricardo Martinelli, también aparece en las páginas de la vista fiscal que la Fiscalía Tercera envió al Órgano Judicial por el proceso sobre el fallido proyecto de riego de Tonosí. A Zapata se le imputaron cargos por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.

La fiscalía argumenta que se benefició del cheque del Banco Universal número 53223 por $110 mil 945. “Se aprecia que el señor Leonel Miguel Zapata García presentó el cheque 53223 con fecha del 11 de septiembre de 2012, en representación de la empresa Aberdeen Global Corp, para la adquisición de vehículos”, indicó la fiscal.

Explicó que Zapata realizó la transacción en representación de la empresa, y alegó también que en los documentos comerciales de la compañía se registraba la dirección de Zapata “como punto de contacto”.

El cheque de $20 mil que enreda a Julio Miller

En la vista fiscal que la la Fiscalía Tercera Anticorrupción remitió al Juzgado Decimocuarto Penal se encuentran los detalles del hecho que vinculó al abogado y periodista Ovin Julio Miller con el escándalo surgido por el fallido proyecto de riego de Tonosí.

A Miller se le imputaron cargos por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.

Todo se deriva de la indagatoria rendida por Vielka Rodríguez, empleada doméstica de Miller. Cuando la fiscal le preguntó por su vínculo con Hidalgo & Hidalgo (H&H), Rodríguez dijo que no tenía relación con la compañía. Entonces, le mostraron el cheque 0093 del 27 de octubre de 2012, por $20 mil, que H&H emitió a su nombre, y dijo que fue “un préstamo” que solicitó a su jefe para pagar los estudios de su hija Melisa Moreno en el Centro Tecnológico de Panamá. Narró, además, que su patrón le dijo que no contaba con efectivo, por lo que le propuso que le cambiara el cheque de $20 mil, producto de unas prestaciones laborales que le debían. Añadió que el préstamo fue por $10 mil y que fue utilizado para costear la mensualidad de $160, y $5 en pasajes diarios. Con los primeros $500 pagó la matrícula y luego [Miller] le entregó los $9 mil 500 restantes, los que depositó en una cuenta de la Caja de Ahorros.

Pero la fiscalía argumenta que se acreditó que Moreno inició estudios en mayo de 2012, “es decir, antes de la expedición del cheque”.

“Además, la carrera no fue cancelada de inmediato, sino en letras del año 2012 al 2014”. Moore subraya que Julio Miller utilizó el nombre de su colaboradora para garantizarse la entrega de fondos “como consecuencia de delitos contra la administración pública”.

Dice también que el abogado admitió que el cheque fue expedido por sus servicios profesionales ligados a las relaciones públicas de la empresa, y por menciones en programas de radio y televisión, “tal como lo establece el contrato suscrito entre Corporación de Medios Digitales, S.A., y H&H”. Aportó grabaciones de la publicidad, entre otros. Sin embargo, los testimonios de Francisco Iturralde, coordinador general de la obra, y Sebastián Peralta, ingeniero residente del proyecto, lo contradicen.

Estas personas indicaron que “no recuerdan dichas menciones y propagandas”, y que antes de salir al aire esas piezas tenían que contar con su aprobación. También se halló una conversación vía chat entre el abogado y Porfirio Ellis, excandidato a diputado de Cambio Democrático, en la que, según la fiscalía, se ponían de acuerdo para planear una estrategia sobre el caso. “¿En qué medida debían estos imputados ponerse de acuerdo respecto a lo que debían declarar ante la fiscalía si se trataba de una relación jurídica lícita?”, se pregunta la fiscal.

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