El Órgano Judicial (OJ) instaló los primeros juzgados especializados para la tramitación de juicios por delitos de blanqueo de capitales. La decisión fue adoptada a raíz de la alta incidencia de estos delitos, pues entre enero de 2020 y febrero de 2025 se registraron 4,756 casos.
¿Qué es el blanqueo de capitales y cómo se castiga en Panamá?
El blanqueo de capitales, también conocido como lavado de dinero, consiste en dar apariencia legal a fondos, bienes o activos provenientes de actividades ilícitas, como el narcotráfico, la corrupción o el contrabando. Este delito permite que recursos obtenidos de manera ilegal ingresen al sistema financiero sin levantar sospechas sobre su origen.
En Panamá, el blanqueo de capitales está tipificado en el Código Penal, particularmente en los artículos 254 y siguientes, y se castiga con penas de 5 a 12 años de prisión, que pueden aumentar si hay agravantes. Además, la Ley N.° 23 de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, establece el marco regulatorio para los sujetos obligados —como bancos, abogados, contadores y agentes residentes—, imponiendo obligaciones de debida diligencia y reporte ante operaciones sospechosas.
Las cifras del Judicial son reveladoras en cuanto al incremento de los delitos relacionados con el crimen organizado y el tráfico de drogas. Las estadísticas indican que, en los tres últimos años, se han reportado un total de 57,000 audiencias vinculadas con causas relacionadas con la delincuencia organizada.
De este total, 40,202 fueron por delitos relacionados con drogas, que abarcan desde la posesión simple y agravada de estupefacientes hasta el tráfico internacional, la conspiración para traficar drogas y la utilización de precursores químicos para la elaboración de sustancias ilícitas.
También se desarrollaron 3,664 audiencias por delitos de asociación ilícita vinculados al narcotráfico. En estos casos, se ha identificado la participación de pandillas y grupos organizados que colaboran con redes internacionales dedicadas al tráfico de narcóticos.
A su vez, se reportaron 2,576 casos de delitos financieros, en su mayoría cometidos contra bancos, financieras y entidades dedicadas a transacciones y criptomonedas.
Si bien no se tienen estadísticas recientes de condenas, entre 2018 y junio de 2023 en el Órgano Judicial se recibieron 385 casos de blanqueo de capitales, de los cuales 222 fueron resueltos, y se investigó a un total de 927 personas.
La magistrada presidenta de la Corte, María Eugenia López, en un acto realizado la semana pasada durante la inauguración de las primeras instalaciones que albergan estos juzgados, señaló que: “Con la construcción de los tribunales especializados contra el crimen organizado, continuaremos fortaleciendo y robusteciendo la administración de justicia, elevando la credibilidad del sistema y brindando seguridad a nacionales y extranjeros que aspiran a que se combatan estos flagelos que tanto afectan a la sociedad”.
La unidad especializada contra el blanqueo de capitales quedó sustentada mediante el Acuerdo N.° 174 de 14 de marzo de 2025, suscrito por los nueve magistrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Los tribunales entraron en operación el 19 de mayo pasado en el Primer Distrito Judicial, compuesto por las provincias de Panamá, Colón, Panamá Oeste y la comarca Guna Yala.
Los juzgados estarán integrados por 12 jueces de garantías, 9 jueces de juicio, 10 jueces de cumplimiento y 9 magistrados del Tribunal de Apelaciones.
Desde 2022, las autoridades han ejecutado seis grandes operaciones antidrogas —Jericó, Éxodo, Ballena, Fisher, Alpes y Náufrago— en las que se han decomisado más de $11 millones, se ha detenido a 223 personas y se han incautado más de 30 toneladas de drogas.
Estas operaciones revelaron la estrecha colaboración entre pandillas y redes locales con estructuras transnacionales que utilizan el territorio nacional como punto de tránsito para el envío de drogas hacia Europa y Estados Unidos.
El trabajo de fiscales y jueces ha alcanzado a políticos —algunos con casos pendientes de calificación en la propia Corte Suprema de Justicia—, así como a funcionarios judiciales y de los estamentos de seguridad.
En lo que va del año, las autoridades han incautado unas 40 toneladas de drogas en operaciones realizadas en todo el país.
Antes de la vigencia de jueces especializados en blanqueo de capitales, estas causas eran ventiladas por jueces que también miraban procesos por otros delitos.
