El fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró inconstitucional el contrato ley que otorgó a Panama Ports Company (PPC) la operación de dos terminales de contenedores, fue finalmente publicado en la Gaceta Oficial.
Por tanto, a partir de este momento, PPC ha quedado sin un contrato, concesión o sustento legal que respalde su permanencia en los puertos de Balboa (en el Pacífico) y de Cristóbal (en el Atlántico), los cuales operó desde el año 1997.
El fallo, de 69 páginas, fechado el 30 de enero de 2026, fue divulgado en la Gaceta Oficial número 30468 de este lunes 23 de febrero, lo que implica que se encuentra ejecutoriado; es decir, que la decisión adoptada hace 25 días está oficialmente en firme.
Lo que sigue a partir de ahora es la puesta en marcha de aquel “plan de contingencia” anunciado por el presidente José Raúl Mulino el 30 de enero pasado, un día después de que el pleno de la Corte, en una decisión unánime, declarara que la Ley 5 de 16 de enero de 1997 (que adoptó el contrato de concesión de PPC) vulnera ocho artículos de la Constitución. El mismo criterio de inconstitucionalidad aplica para las adendas del contrato ley y dos resoluciones de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) que, en el año 2021, autorizaron la prórroga automática del contrato de PPC hasta el año 2047.
El plan de Mulino (que coordina su asesor y exadministrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Alberto Alemán Zubieta) implica que PPC será virtualmente expulsada de ambos recintos portuarios y que la administración provisional de esas terminales será asumida por terceros.
Dicha transición tendría una duración de 18 meses, periodo en el que la AMP convocará a un acto público para adjudicar formalmente la concesión de Balboa y Cristóbal.
Aunque originalmente el presidente Mulino había dicho que APM Terminals, una filial de la naviera danesa Maersk, asumiría el control temporal de los dos puertos, ahora se sabe que solo operará el de Balboa, en el Pacífico.
El de Cristóbal, que está en la costa atlántica, será administrado tentativamente por Mediterranean Shipping Company (MSC), una naviera de origen italiano que anteriormente se había asociado al fondo BlackRock en un intento por adquirir 43 puertos de CK Hutchison, holding de Hong Kong al que pertenece PPC. La compra fallida incluía los dos puertos panameños.
Desde que la Corte declaró inconstitucional su contrato de concesión, PPC no lo ha puesto fácil. Ha dicho que el fallo supone un atentado contra la seguridad jurídica y la reputación del país como destino para la inversión extranjera. Ha reclamado haber realizado inversiones por $1,800 millones, pese a que contractualmente solo estaba obligada a hacerlo por $1,000 millones. El 3 de febrero anunció que inició un arbitraje internacional contra la República de Panamá.
Más recientemente, PPC, a través de su asesor Alejandro Kouruklis, quien ha asumido la vocería de la portuaria, ha planteado una salida “negociada” para evitar un “caos” o la expedición de una licencia temporal a favor de PPC.
También el gobierno de China ha exteriorizado su indignación.
El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, advirtió que PPC recurrirá a la vía judicial y que adoptará las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de las empresas chinas.
