El presidente José Raúl Mulino rechazó el pronunciamiento emitido por la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao, en relación con el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el contrato portuario entre el Estado y Panama Ports Company (PPC), subsidiaria de Hutchison Ports, al considerar que se trata de un asunto que compete exclusivamente al ordenamiento jurídico panameño.
A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario subrayó que Panamá es un Estado de Derecho y que respeta las decisiones del Órgano Judicial.
Rechazó enérgicamente el pronunciamiento de la Oficina de Asuntos de HK y Macao por razón del fallo de la CSJ sobre el contrato portuario. Panamá es un Estado de Derecho y respeta las decisiones del Órgano Judicial que es independiente al Gobierno Central. La Cancillería se…
— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) February 4, 2026
Mulino dejó claro que el fallo de la CSJ forma parte de las atribuciones constitucionales del sistema judicial panameño y que estas decisiones deben ser acatadas y respetadas, tanto a nivel interno como externo.
Asimismo, informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunciará oficialmente sobre este tema y adoptará las decisiones correspondientes, en el marco de la defensa de la soberanía y el respeto al marco legal del país.
La respuesta de Mulino se da luego de que el Ejecutivo de la Región Administrativa Especial (RAE) de Hong Kong expresara su “gran descontento” y “categórico rechazo” al fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia de Panamá el pasado jueves 29 de enero, sobre los contratos de concesión entre el Estado y PPC sobre los puertos de Balboa (Panamá) y Cristobal (Colón).
El Ejecutivo hongkonés afirmó que se opone a que gobiernos extranjeros utilicen medios coercitivos, presiones u otras medidas que considere irrazonables en el marco de las relaciones económicas y comerciales internacionales, al considerar que estas afectan los derechos e intereses legítimos de las empresas de Hong Kong.
El comunicado advierte que este tipo de decisiones impacta negativamente el entorno empresarial, socava la confianza de los inversionistas, perjudica las relaciones bilaterales y puede afectar el desarrollo económico a largo plazo de ambas partes.
Asimismo, reiteró que el Gobierno de Panamá debe respetar el espíritu contractual y garantizar un entorno empresarial justo y equitativo para las empresas que operan legalmente en el país.
A su vez, el portavoz señaló que las empresas hongkonesas deben evaluar cuidadosamente sus inversiones presentes y futuras en el país.
