Panama Ports Company (PPC) expresó su rechazo a la decisión del Órgano Judicial que declara inconstitucional la Ley N.º 5 de 1997 vinculada a la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, al considerar que el fallo es incompatible con el marco jurídico vigente y con la ley que aprobó el contrato que ha sustentado sus operaciones por casi 28 años.
La empresa indicó que, hasta el momento, no ha sido notificada formalmente de la decisión.
Según PPC, esta resolución representa el más reciente episodio de una serie de acciones del Estado panameño que durante más de un año han afectado la concesión y a su inversionista.
La compañía recordó que, desde el inicio del contrato, ha invertido más de $1,800 millones de dólares en infraestructura, tecnología y desarrollo humano, superando ampliamente los compromisos adquiridos, inversiones que —subrayó— han sido claves para consolidar a Panamá como un hub portuario y logístico de alcance global.
En entrevista con Telemetro Reporta, Alejandro Kouruklis, director de Relaciones Institucionales de PPC, valoró positivamente las declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, en torno a la protección de los trabajadores y la continuidad de la operación portuaria.
“Nos tranquiliza que se garanticen los derechos laborales y que no se paralice el servicio, algo crucial no solo para Panamá sino para el comercio mundial”, afirmó, al reiterar la disposición de la empresa a cooperar con las autoridades marítimas y el Gobierno.
No obstante, Kouruklis cuestionó el fondo del fallo al señalar que el Estado estaría descalificando sus propias decisiones históricas.
“La adenda de 2005 obligaba a invertir mil millones de dólares y la empresa invirtió $1,800 millones. Esa inversión se hizo bajo leyes que hoy se declaran inconstitucionales. El mensaje que se envía es que una ley que ampara un contrato no da ninguna garantía al inversionista”, advirtió, calificando la situación como inédita en Panamá y comparable a escenarios de nacionalización en regímenes no democráticos.
Sobre los señalamientos de la Contraloría relacionados con supuestos ingresos no percibidos por el Estado, Kouruklis sostuvo que se trata de un malentendido. Aclaró que el propio contralor reconoció que la empresa ha cumplido íntegramente con el contrato vigente y que las cifras cuestionadas corresponden a inversiones obligatorias, no a pagos directos.
“Eso no es justificación para declarar inconstitucional un contrato; si hay diferencias, el propio contrato establece mecanismos como el diálogo o el arbitraje”, enfatizó.
PPC también advirtió que el fallo pone en riesgo la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y la reputación del país como destino confiable para la inversión extranjera.
La empresa confirmó que, una vez conocido el fallo completo, sus abogados analizarán las acciones a seguir, sin descartar recursos legales, aunque insistió en que su principal apuesta sigue siendo el diálogo con el Gobierno para evitar disrupciones en un sector estratégico para el país.
