El juicio del caso Odebrecht concluyó este viernes 27 de febrero, 46 días después de su inicio, con el pedido de la fiscalía de sentencia condenatoria para 16 de los 21 acusados y los alegatos de la defensa, que pide la absolución, la suspensión de las medidas cautelares, la imposibilidad de emprender acciones de responsabilidad civil y hasta la prescripción o la nulidad del proceso.
La juez Baloisa Marquínez se retirará ahora a preparar su escrito de sentencia, documento en el que también comunicará su decisión sobre varios recursos anunciados por la defensa en los distintos alegatos: de prescripción, de doble juzgamiento, de violación de principios, de nulidad del proceso, etc. La fiscal Ruth Morcillo ya advirtió que la mayoría de estos incidentes (por no decir todos) han sido rechazados por este tribunal en anteriores oportunidades, decisiones que incluso han sido ratificadas en segunda instancia.
En el último día del juicio correspondió escuchar los alegatos de Carlos Carrillo, defensor del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), bajo cuyo gobierno ocurrieron los delitos que Odebrecht ya confesó en el año 2016.
También se expusieron los alegatos a favor de Rodrigo Díaz Paredes, Navin Bhatka, Carlos Duboy Sierra, Jaime Lasso, María Isabel Carmona y Gonzalo Monteverde, todos acusados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
Todos cuestionaron la validez de las pruebas aportadas desde el extranjero y alegaron la inexistencia de delito precedente en las conductas atribuidas a sus representados.
La fiscal Ruth Morcillo confía en la solidez de las pruebas que reposan en más de 3,000 tomos, aunque reconoce que faltaron algunos elementos, “porque no hay una investigación perfecta”.
“Se jugo con el dinero suyo y nuestro... El Ministerio Público se siente satisfecho, porque inició con estas investigaciones contra viento y marea”, remarcó.
Díaz mencionó a Hugo Torrijos
Pedro Meilán, abogado de Rodrigo Díaz, presentó un incidente de prescripción de la acción penal, argumentando que la pena máxima es de 12 años de prisión, que la última transacción ligada a su defendido data de 2008 y que el llamamiento a juicio se produjo posteriormente, cuando ya había transcurrido el término legal.
También hizo alusión al fallo del magistrado brasileño José Dias Toffoli, que anuló numerosas pruebas y sentencias relacionadas con el caso Lava Jato. Asimismo, se quejó de que la fiscalía utilizó pruebas de Estados Unidos que, según él, fueron declaradas nulas.
Díaz fue uno de los principales ejecutivos de Mundial de Valores, empresa que recibió dinero de la Caja 2 de Odebrecht. Mundial de Valores administraba un puesto de bolsa y los dineros enviados por Odebrecht fueron a parar a las cuentas de inversión de sus clientes Inversora Villa Loly y Logaro, S.A., ambas controladas por Díaz. “Ambas cuentas totalizan $11.7 millones de dinero recibido de manera ilícita”, está anotado en la página 179 del auto de llamamiento a juicio.
Meilán sostiene que los fondos que recibió su cliente eran producto de un servicio que prestó Hugo Torrijos Richa (q.e.p.d.) a Odebrecht, cuando ninguno de los involucrados era funcionario público.
Alegó que su defendido mantenía un negocio, a través de la sociedad Río Fuente, relacionado con equipo pesado, y que los fondos recibidos eran legítimos.
Bhatka cambió de abogado
Posteriormente, correspondió el turno al exmagistrado Jerónimo Mejía, defensor de Navin Bhatka. Durante todo el juicio, Bhatka había sido representado por la abogada Guillermina McDonald, pero ella misma comunicó a la juez Marquínez que hubo una sustitución del poder y que el alegato lo haría Mejía.
Según la acusación, Bhatka formó parte de una estructura societaria utilizada por los Martinelli Linares para adquirir un helicóptero con matrícula N1626L. Es propietario de MTI Corporation, sociedad que giró un cheque de $814,000 para la compra del Eurocopter. La compra se completó con fondos de Aeon Group. El helicóptero fue registrado a nombre de Silver Wing Corporation. La tenedora del 100 % de las acciones de Silver Wing es Importadora Ricamar, según consta en el expediente.
Con el expresidente Martinelli y sus dos hijos, Bhatka es socio de Corporación Energía del Istmo. Esta sociedad utilizó dinero de la Caja 2 como garantía para solicitar un préstamo de $10 millones en Global Bank.
Mejía alegó que Bhatka tenía inversiones hidroeléctricas en los proyectos Las Cruces y San Bartolo, en Veraguas, y que en el mismo río existía otro proyecto, La Laguna, perteneciente al grupo Martinelli, lo que dio lugar a una fusión. Sostiene que los fondos que manejó su cliente no tienen relación con Odebrecht y que prueba de ello es que, según asegura, ningún ejecutivo de la constructora lo ha mencionado.
Asimismo, indicó que el aporte de $814 mil que hizo para la compra del helicóptero no tiene vinculación con ningún acto ilícito.
Aunque la fiscalía pidió la absolución de Bhatka, lo incluyó en la lista de acusados a quienes se les debe exigir responsabilidad civil. Mejía pidió que no se proceda con esa acción.
Donaciones electorales, no coimas
Basilio González, abogado del exministro de Vivienda, Carlos Duboy, alegó que a su cliente se le pretende condenar por la recepción de una donación política en el año 2008, cuando era tesorero del partido Panameñista.
Sostuvo que el supuesto delito se encuentra prescrito, ya que los hechos ocurrieron mucho antes del inicio de la investigación adelantada por el Ministerio Público.
González también presentó un incidente de nulidad de la causa seguida contra el exministro, al considerar que las supuestas irregularidades atribuidas corresponden al ámbito electoral.
Agregó que el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) tenía conocimiento del manejo de los fondos por parte del comité de finanzas del Panameñista. Varela también está imputado en esta causa, pero será procesado por la Corte Suprema de Justicia, dado que ahora es parlamentario centroamericano.
Apunta al padre
Alejandro González, defensor de Michelle Lasso, recalcó que, si bien aplaude la petición de absolución solicitada por la fiscalía a favor de su cliente, esta desconocía los hechos, ya que actuó siguiendo instrucciones de su padre, el también acusado Jaime Lasso.
Desde Perú
Fernando Peñuelas, abogado de los peruanos María Carmona y Fernando Monteverde, solicitó un veredicto absolutorio para ambos y cuestionó el testimonio del perito de la Fiscalía, Antonio Lin, quien hizo alusión a las empresas Izagon, Cementerio Central, Deltora y Construmat, que pertenecen a sus defendidos y que, según la investigación, recibieron fondos de Odebrecht. Peñuelas resaltó que el perito declaró que nunca revisó las cuentas ni la actividad financiera de dichas empresas.
Relató que sus clientes, quienes residen en Perú, desconocían que estaban siendo investigados en Panamá. Se enteraron cuando se celebró la audiencia preliminar, en el año 2022.
