El sobrecosto existió. Aristides Hernández, el tercer testigo que la Fiscalía Especial Anticorrupción presentó en el segundo día de juicio por un caso derivado de la trama de Odebrecht, ratificó que sí hubo un sobreprecio “sustancial” en la remodelación del Casco Antiguo, luego de una adenda.
Hernández, quien compareció ante el tribunal en horas de la tarde, ratificó el análisis económico que sustenta la acusación del Ministerio Público y detalló cómo las modificaciones contractuales impactaron el monto final del proyecto de remodelación del Casco Antiguo. Este caso también es conocido como preservación del Patrimonio Histórico.
El precio final del proyecto alcanzó los $255,498,701, lo que, frente al costo inicial de $204,001,961, representa un sobrecosto de $51,496,740. Esta cifra implica que la obra terminó costando un 25.2 % más de lo presupuestado originalmente.
Opacidad
El juicio se desarrolla a puerta cerrada en el Palacio Gil Ponce por disposición de la juez Águeda Rentería, quien restringe el ingreso de periodistas a la sala.
Tampoco se transmite en directo por redes sociales o televisión, como ocurrió con el juicio de Odebrecht. La única información oficial ha sido facilitada por el personal de prensa del Órgano Judicial, que comparte datos generales sobre lo ocurrido en audiencia.
La Prensa también ha recurrido a entrevistas con las partes durante los recesos para reconstruir lo sucedido y garantizar la cobertura del proceso.
Respalda la tesis del Ministerio Público
La intervención de Hernández apuntaló la tesis de la Fiscalía Especial Anticorrupción sobre el presunto perjuicio económico al Estado en una obra adjudicada durante la gestión de Federico “Pepe” Suárez como ministro de Obras Públicas, en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
El contrato fue otorgado a un consorcio integrado por Odebrecht y la española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).
La versión de los auditores de la Contraloría
Antes de la comparecencia de Hernández, la mañana del martes estuvo dedicada a los testimonios de los auditores de la Contraloría General de la República, Ángel Susto y Virgilio Chacón.
De los tres especialistas que originalmente confeccionaron las auditorías, solo ellos dos pudieron presentarse ante el tribunal; el tercero falleció antes de ver el caso llegar a juicio.
Ambos defendieron la metodología empleada para determinar el sobreprecio y explicar el cálculo del daño patrimonial.
Los abogados defensores, entre ellos Rosendo Miranda, Ariel Núñez y Abril Arosemena, concentraron sus esfuerzos en cuestionar la base técnica de las auditorías.
Sus interrogatorios giraron en torno a las técnicas de auditoría forense, la mecánica administrativa vigente al momento de la contratación y la legalidad de las adendas que elevaron el costo del proyecto.
Las preguntas, en su mayoría cerradas, buscaban que los peritos confirmaran o negaran premisas específicas sobre el cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas y el rol de la comisión evaluadora, integrada por varios de los hoy procesados.
La fiscal Morcillo habla de los acuerdos
Pasado el mediodía, durante el receso para almorzar, la fiscal Ruth Morcillo ofreció detalles adicionales a este medio sobre el estado del proceso.
Confirmó que existen dos acuerdos de colaboración y un acuerdo de pena ya alcanzados en esta causa.
Precisó que los acuerdos de colaboración, suscritos con un exservidor público, exdirector de Administración de Contratos del Ministerio de Obras Públicas, y con un particular que ya había pactado dentro de la investigación de Odebrecht, deberán sostenerse en juicio oral y someterse al interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes para mantener su validez.
El exfuncionario del Ministerio de Obras Públicas es Jorge ‘Churro’ Ruiz, quien también está condenado por el caso Blue Apple.
Además de Ruiz y Suárez, los otros procesados en este caso son María González, Gonzalo de la Rosa, León Halphen, Héctor Castillo, Juan Manuel Vásquez y Sergio Del Sour.
A todos se les atribuye la presunta comisión del delito contra la administración pública.
Consultada por sobre el peso probatorio de la causa, Morcillo evitó señalar a un testigo por encima de otro. “Todos los testigos son principales”, afirmó, y recordó que la acusación comenzó con los auditores de Contraloría, quienes establecieron en qué consistió el sobreprecio y cuál fue el monto determinado en el peritaje económico.
Vuelve Carlos Ho
Al final de la jornada, entró otro testigo en acción. Carlos Ho, ex integrante de las comisiones evaluadora, dio su testimonio.
Ho fue director de proyectos especiales del Ministerio de Obras Públicas (MOP). En 2019 alcanzó un acuerdo de pena de 72 meses de prisión por el caso Odebrecht.
Laboró en las administraciones de Martín Torrijos (2004-2009), Ricardo Martinelli (2009-2014) y parte de la de Juan Carlos Varela (2014-2019).
Con la comparecencia de Hernández y Ho, la Fiscalía intentó cerrar el círculo técnico del caso: de la auditoría al análisis económico, de la cifra al sustento financiero.
La defensa, por su parte, mantiene su estrategia de cuestionar la metodología y la interpretación de los contratos y adendas que hoy sostienen la acusación contra nueve personas sentadas en el banquillo.
