Permanencia sin concurso: la decisión de la Corte Suprema que desata alarma jurídica

La decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) de reconocer como permanentes a funcionarios interinos con dos años o más en el cargo ha encendido las alarmas en sectores jurídicos, políticos y de la sociedad civil organizada, que advierten un posible quiebre en el principio constitucional de mérito.

Los críticos sostienen que otorgar estabilidad sin concurso público ni evaluación formal no solo desdibuja la carrera judicial, sino que sienta un precedente que podría debilitar la institucionalidad y abrir espacios de discrecionalidad en el acceso y permanencia dentro del servicio público.

La exdiputada y exprocuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, advierte que, aunque la medida pueda interpretarse como una respuesta a una realidad institucional, plantea riesgos para el sistema de carrera pública.

“La decisión, aunque puede parecer un acto de justicia motivado por la realidad de que más del 50% de los jueces están en interinidad, demuestra que un mal no se arregla con otro”, afirmó.

Para Gómez, el problema de fondo —la alta proporción de funcionarios sin estabilidad formal— no puede resolverse sustituyendo los mecanismos de evaluación por el simple transcurso del tiempo.

La contradicción

Mediante el Acuerdo No. 69 de 2026, el Pleno de la CSJ reconoce la permanencia de un número significativo de funcionarios interinos del Órgano Judicial. La decisión fue adoptada el 12 de febrero pasado, es decir, el jueves antes del largo asueto del Carnaval.

El acuerdo fue divulgado en Gaceta Oficial una semana después, el jueves 19 de febrero. Ese mismo día, la CSJ, en su cuenta en X, posteó un video de María Cristina Chen Stanziola, magistrada presidenta desde el pasado 2 de enero, en el que comunica a los funcionarios (y al país) sobre la decisión.

Pero hace dos meses, el Pleno parecía tener un criterio diferente.

En diciembre de 2025, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo declaró legal la destitución de la fiscal anticorrupción Zuleyka Moore. En ese fallo, la Sala alegó que no es el “paso del tiempo” lo que habilita el ingreso a la carrera pública, sino el mérito.

“Es el mérito lo que hace posible el ingreso a una carrera pública, y el concurso es lo que da estabilidad”, subrayó.

La ponente de ese fallo es la magistrada Chen.

Para la exprocuradora Gómez, el Acuerdo No. 69 podría generar incertidumbre jurídica.

“Esto genera espacios de discrecionalidad en la interpretación de la importancia de las carreras públicas”, señaló, al recordar que la Constitución establece el mérito como elemento fundamental para el ingreso y la permanencia en el servicio público. El simple transcurso del tiempo, insistió, no sustituye la evaluación ni la competencia en igualdad de condiciones.

“Si ya tienen una carrera, revísenla; pero con un acuerdo no se puede matar el espíritu de la ley”, concluyó.

Para Gómez, cualquier reforma que busque corregir la interinidad debe fortalecer los concursos y los mecanismos de evaluación, no debilitarlos, si se quiere preservar la confianza en la administración de justicia.

Carreras en el sector público

El diputado y jefe de bancada de Vamos, Roberto Zúñiga, advirtió que este tipo de decisiones puede convertir las instituciones en “un botín político o un feudo personal”, si no están sustentadas en criterios de mérito y evaluación.

Para Zúñiga, la eficiencia del Estado no se logra blindando planillas, sino fortaleciendo la meritocracia. “La única manera de lograr eficiencia, tanto en la gestión administrativa del Estado como en la gestión judicial y legislativa, es por medio de la meritocracia”, sostuvo.

El diputado recordó que, en la pasada administración, se reformó la ley de carrera legislativa para flexibilizar el ingreso mediante un “procedimiento especial” que solo exigía que el funcionario haya desempeñado labores permanentes por dos años o más. “Eso, sin ningún tipo de control ni evaluación, es accionar sin estadísticas ni sustento y, al final, no trae nada positivo”, afirmó.

Ahora —añadió— la Corte adopta un criterio “prácticamente igual”, lo que, en su opinión, podría incidir incluso en la demanda pendiente contra aquella reforma, consignada en la Ley 429 de 2024.

La demanda a la que hace referencia el diputado fue interpuesta por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), contra la Ley 429.

La organización argumentó que la Constitución no permite convertir la antigüedad “en un atajo” para la estabilidad en la carrera del servicio público.

El temor

“Ese es mi temor con respecto a la demanda”, expresó el diputado Zúñiga.

“Si lo hizo la Asamblea, que ha sido cuestionada en los últimos años, y ahora lo hace el máximo órgano de justicia del país, ¿hacia qué camino nos dirigimos?”, cuestionó.

Para el jefe de bancada de Vamos, la estabilidad automática sin evaluación periódica no solo abulta la planilla estatal, sino que elimina incentivos para mejorar “Si no evaluamos a los funcionarios, no hay posibilidad de mejora”, enfatizó.

Actualmente, en la Asamblea se discute una propuesta —en la que participa Zúñiga— para mejorar el ingreso a la carrera administrativa. A su juicio, el mensaje que ahora envía el Pleno de la CSJ es “negativo”.

“En una verdadera carrera hay que hacer oposiciones, exámenes y evaluaciones. Ser funcionario de carrera debe ser algo honorífico”, y agregó que el país necesita una reforma integral que garantice igualdad en la contratación pública y autonomía en la gestión del recurso humano, de modo que el acceso y la permanencia no dependan de padrinazgos, sino del mérito.

Mal mensaje

El exdiputado independiente y fundador de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, calificó como “delicada” la decisión de la Corte. Piensa que la medida envía un mensaje preocupante en materia de institucionalidad y respeto a los principios de ingreso por mérito en el Órgano Judicial.

“Funcionarios que no entraron por concurso, algunos sin méritos, muchos por amiguismo, varios que fracasaron gravemente en exámenes que están públicos ante todo el país, ahora gozarán de permanencia para ‘hacer’ justicia. ¡Retroceso! Es irrespetar la carrera judicial”, expresó.

Para Vásquez, consolidar estabilidad sin concurso debilita la esencia del sistema de carrera y afecta la credibilidad del proceso mediante el cual se administra justicia en el país.

¿Por qué?

El Pleno de la CSJ adopto el Acuerdo No. 69 por considerar que hay demasiado personal ejerciendo funciones permanentes, pero en condición de interinidad.

Consideran que esta situación les impide acceder a créditos (hipotecarios, bancarios) al no contar con la condición de funcionario permanente. Además, ello repercutiría en su “calidad de vida”, por lo que el Pleno considera “justo” reconocer la estabilidad a quienes se encuentran en esta circunstancia.

Ohigginis Arcia Jaramillo

Subeditor sección política