En 2010, durante el gobierno de Ricardo Martinelli, desde el Ministerio de la Presidencia se puso en marcha un millonario plan sobre el transporte público: sacar de la calle a los buses tipo diablos rojos, que desde la década de 1970 eran los dueños absolutos de las vías capitalinas. La estrategia era reemplazarlos por los nuevos buses del sistema Metro Bus, servicio que eventualmente se complementaría con los trenes del Metro.
Y así ocurrió parcialmente. El Metro Bus reemplazó a los diablos rojos, cuyos dueños recibieron una compensación. Sin embargo, en esa época no se suministró información sobre el tema: ¿Quiénes fueron los conductores indemnizados? ¿Cuánto costó ese proceso al Gobierno? ¿Cómo se establecieron los criterios para la compensación? No fue un tema que llegó a la agenda pública.
Todo cambió cuando a partir del 2014, durante la administración de Juan Carlos Varela, la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público inició una investigación por la supuesta comisión del delito de peculado a 541 personas. La mayoría eran dueños de buses que según la fiscalía habían sido indemnizados hasta dos veces, mientras que otros cobraron por buses que en realidad eran chatarra y ya no circulaban. Entre los procesos figuraban 79 personas que laboraron en la Autoridad Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).
Por este caso se habría ocasionado una lesión patrimonial al Estado de al menos $24 millones. Y podría seguirle costando más dinero al erario, a juzgar por una reciente opinión de la Procuraduría de la Administración.
El procurador de la Administración Rigoberto González, asegura que la ATTT deberá terminar de compensar a 738 dueños de vehículos que están esperando el pago desde el 2014. En esa época el Ministerio Público empezó a investigar las compensaciones irregulares.
El procurador González respondió a una consulta formulada por Carlos Ordóñez, director encargado de la ATTT.
Según González, la entidad debe cumplir con lo dispuesto en el Manual de Procedimiento 2015 para el Rescate Administrativo del Sistema de Transporte Público de Pasajeros para los distritos de Panamá y San Miguelito.
Sin embargo, precisó que previo al proceso de compensación, la Controlaría General de la República deberá refrendar los desembolsos y ejercer su función fiscalizadora.
También advirtió que si detecta que las solicitudes pendientes tienen vicios de inconstitucionalidad o ilegalidad, la Contraloría deberá acudir a la Corte Suprema de Justicia o a la Sala Tercera Contencioso Administrativa de ese tribunal, para que se pronuncien al respecto.
Mientras tanto, en la esfera judicial, el caso de los diablos rojos ya tiene fecha de juicio: del 3 de junio al 30 de agosto de 2024. Hay 198 personas personas llamadas a juicio. Se decretó la prescripción de la acción penal decretada a favor de 337 personas.
Según la jueza primera liquidadora de causas penales, Agueda Rentería, el Estado pagó “en exceso” a propietarios de buses que ni siquiera prestaban el servicio de transporte. También reconoció que hubo una inacción de la ATTT y de las organizaciones transportistas, quienes debían actuar de oficio ante las irregularidades en el proceso de compensación.
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