Un recurso para declarar en desacato al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por recortar $43 millones al presupuesto del Órgano Judicial (OJ) para el año 2026 fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia.
El abogado Juan Carlos Araúz sostiene que los recortes aplicados por el MEF al presupuesto del Judicial violan el fallo emitido por el pleno de la Corte el 23 de diciembre de 2021, que reconoció la autonomía del Judicial para la presentación y aprobación de su propio presupuesto.
El recurso detalla que para 2026 el Judicial solicitó un presupuesto por $395 millones, pero el MEF solo recomendó $351 millones, es decir, $43 millones menos de lo requerido.
Araúz también plantea que, a la luz de lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 1932 del Código Judicial, el MEF estaría incumpliendo el fallo del 23 de diciembre de 2021 emitido por el pleno de la Corte.
Ese fallo surgió a raíz de una demanda presentada el 6 de abril de 2021, por representantes del Consejo Judicial de Panamá, a fin de hacer prevalecer el contenido del artículo 214 de la Constitución, que señala que los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público no podrán ser inferiores, en conjunto, al 2% de los ingresos corrientes del Gobierno Central.
Por esa razón, dice Araúz, el presupuesto del Judicial solo debe ser adicionado al Presupuesto General del Estado y el MEF solo debería limitarse a cumplir dicha disposición.
Araúz sostiene que en este caso los recortes efectuados por el MEF al presupuesto del OJ impide la ejecución de múltiples obras que redundarán en la agilización de los procesos judiciales.
Durante su comparecencia a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, alegó que el recorte presupuestario afectará principalmente 486 plazas de trabajo, además de la creación de tres despachos de magistrados y 20 dependencias judiciales necesarias para la implementación del nuevo modelo procesal civil, que entrará a regir el próximo 13 de octubre. También señaló que se verán impactados los fondos destinados a inversiones en edificios y locales, servicios comerciales y mantenimiento y reparación de equipos de computación.
El artículo 214 de la Constitución señala, entre otros aspectos, que “los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público, no serán inferiores, en conjunto, al 2% de los ingresos corrientes del Gobierno Central”.
El MEF alega que los recortes aplicados a diferentes entidades públicas obedecen las dificultades fiscales que enfrenta el gobierno, por lo que se requieren efectuar una contención del gasto público.
