La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional) solicitó establecer una “veeduría ciudadana” respecto al acuerdo pactado hace tres años entre la Procuraduría General de la Nación y la empresa Odebrecht, ya que considera que el mismo “no ha sido objeto de una sostenida rendición de cuentas por parte del Ministerio Público”.
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Derecho de Petición.pdfEste martes 29 de diciembre, la directora ejecutiva de la Fundación, Olga de Obaldía, envió una nota de 10 páginas al procurador Eduardo Ulloa, en la que solicita respuesta a un cuestionario de 17 preguntas sobre el alcance y situación actual del acuerdo pactado con André Rabello, exintendente de Odebrecht en Panamá, validado el 9 de noviembre de 2017, y de la multa de $220 millones acordada con la constructora, a pagar en un lapso de 12 años.
“Durante los últimos años, la información brindada por el Ministerio Público de Panamá no ha sido, a nivel nacional, lo suficientemente clara, consistente y oportuna respecto de esos procesos, además de la denunciada falta de colaboración en materia de cooperación judicial, a nivel internacional”, señala De Obaldía en su nota, que ya fue recibida en la Procuraduría.
De Obaldía pregunta, por ejemplo, si la multa de $220 millones es adicional a los $59 millones que Odebrecht acordó pagar a Panamá como “fondo de garantía, mientras se investigan sus sobornos en el país” y si el compromiso homologado comprende también a dos ramas de la firma: Constructora Norberto Odebrecht Panamá, S.A. y Constructora Norberto Odebrecht, S.A. También se pregunta por qué se fijó un plazo de 12 años para que la empresa pague.
Sobre la multa de $220 millones, la entonces procuradora Kenia Porcell informó que $100 millones correspondían a la sanción penal por utilizar el sistema bancario y financiero para lavado de dinero. Queda la duda si el Ministerio Público advirtió de este hecho a la Superintendencia de Bancos, para que adoptara sanciones administrativas, y si los bancos utilizados por Odebrecht fueron considerados “cómplices” y enfrentan algún cargo por ocultar fondos ilícitos procedentes de actos de corrupción.
La directora ejecutiva de la Fundación también pregunta si el acuerdo con Rabello se encuentra condicionado a su comparecencia a la audiencia ordinaria de este proceso, si alguien en el Ministerio Público le ha dado seguimiento y si se ha realizado una evaluación que verifique que, en efecto, la cooperación fue “eficaz” o si se ha acreditado mala fe por parte del delator.
La Ley 6 de 2002 (Ley de Transparencia) otorga a Ulloa un plazo de 30 días para atender el cuestionario.
