Otros cuatro aspirantes al cargo de magistrado del Tribunal Electoral (TE) pasaron por el tamiz de ser entrevistados por los nueve magistrados que componen el pleno de la Corte Suprema de Justicia para exponer sus posibles mejoras al sistema democrático.
La sesión se inició a las 8:40 a.m. con la presentación de Yariela Conrada Melo Murillo de Pierre, quien destacó haber sido docente y actualmente abogada litigante. Expresó la necesidad de fomentar la paridad de género en todos los cargos de elección popular, destacando que si bien se ha legislado en ese sentido, en la actualidad esa participación es muy escasa.
Melo planteó que se deberían establecer cifras específicas en la ley electoral para asegurar una efectiva participación de la mujer en los cargos de elección popular.
El segundo en ser interrogado por el pleno de la Corte fue el exfiscal auxiliar, Giovanni Olmos, quien puntualizó la necesidad de realizar una mayor fiscalización de los fondos de las campañas políticas para evitar que el crimen organizado lo utilice como una herramienta para el blanqueo de capitales.
Olmos reconoció que si bien existen reglamentos y normas sobre este tópico, se debe redoblar la vigilancia sobre los fondos entregados a los aspirantes a cargos de elección popular.
También abogó por introducir el modelo de gestión del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en la esfera electoral para mejorar el tiempo de resolución de conflictos surgidos en los torneos electorales.
Luego correspondió el turno al exjuez Rubén Darío Royo Bermúdez, quien coincidió con Olmos en extrapolar el SPA al sistema de administración de justicia penal electoral.
A la vez insistió en que se le debe otorgar al TE un presupuesto fijo como ocurre con el Órgano Judicial, a fin de que pueda atender con solvencia la celebración de las elecciones generales, así como el resto de los servicios que brinda.
El cuarto aspirante en ser interrogado en la mañana fue el exfiscal electoral suplente, Rolando Eliécer Mejía, quien dijo solo aspirar a ser magistrado suplente, ya que estimó que debe corresponder a una mujer la titularidad de esa posición.
Mejía estimó prudente aumentar a cinco el número de magistrados del TE, para que en la resolución de los conflictos en materia electoral se produzcan debates más amplios. Consideró que tres magistrados se ponen de acuerdo muy fácilmente y que con cinco se podría llegar a consensos más amplios.
Mientras que en la tarde fueron entrevistados Ingrid Grisella Murgas Torraza, quien se desempeña como juez electoral en la provincia de Veraguas. La abogada planteó la creación de un Código de Procedimiento Penal Electoral, ya que la adaptación del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en materia penal es insuficiente, pues existen lagunas procesales no cubiertas.
Detalló que se hace imperioso la creación de un procedimiento penal especial de la esfera penal electoral, así como la creación de una defensoría pública electoral.
Mientras que Isis Omaris Joseph, juez de circuito penal, abogó por una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión del TE.
Propuso una mayor participación de los jóvenes en los procesos electorales a través de mecanismos de formación comunitarios en materia de ética y formación en valores democráticos.
Por su parte, el delegado electoral, Gustavo Adolfo Paredes, recalcó que el combate a la corrupción en términos generales debe ser uno de los factores primordiales para lograr un mejoramiento de la democracia.
Paredes, quien fue miembro de la desaparecida Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (Clicac), se mostró partidario en introducir reformas a la figura del fuero penal electoral para evitar que sea usada para evadir la justicia.
Mientras que Andrés Sue González, que se desempeña como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, planteó que reconoció la necesidad de transparentar el manejo del subsidio electoral para darle tranquilidad al ciudadano sobre la procedencia de estos fondos.
