La lista de 188 privados de libertad hecha pública por el Ministerio de Gobierno, que pueden aspirar a una rebaja de pena, incluye los nombres de cinco miembros de la Policía Nacional condenados por homicidio en perjuicio de cinco jóvenes que murieron quemados el 9 de enero de 2011 en el Centro de Cumplimiento de Tocumen.
En el listado aparecen los policías Luis Carlos Ortega, Eduardo Barreno, Rogelio Blake, Maikol Ariel González, Ángel Batista y Joel Alexis Rodríguez, todos condenados a penas de 46 y 40 años de prisión por su participación en la muerte de los jóvenes.
El 20 de octubre de 2020, la Sala Penal de la Corte Suprema mantuvo las condenas de 46 años para Ortega, Batista y Barreno, mientras que Rodríguez y González recibieron penas de 40 años de cárcel.
Familiares rechazan decisión
Carlos Herrera Delegado, abogado de los familiares de las víctimas, anunció que presentará ante la Dirección del Sistema Penitenciario un escrito para que los excluyan del listado de posibles beneficiarios, ya que no han cumplido las dos terceras partes de la pena ni han mostrado arrepentimiento. Recordó que el fallo condenatorio quedó en firme en 2020, por lo que no es legalmente posible considerarles para una rebaja.
Herrera Delegado también precisó que, mientras el proceso penal estuvo activo, los policías condenados continuaron realizando labores administrativas en la institución.
Por otra parte, señaló que la Policía Nacional no ha cumplido con un fallo de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, que la condenó a pagar $75 mil a los familiares de Erick Batista y otros $75 mil a los de José Frías, ambos fallecidos en la celda 6 del centro. El incendio fue provocado cuando una bomba lacrimógena lanzada por agentes encendió un colchón.
El fallo de la Sala Tercera responsabilizó a la Policía Nacional y al Ministerio de Gobierno por los perjuicios morales ocasionados por sus funcionarios, en ejercicio de sus funciones o con el pretexto de ejercerlas. También advirtió a todas las autoridades de seguridad que es deber esencial del Estado garantizar la protección de la población.
La mañana del 9 de enero de 2011, un grupo de internos protestó por la falta de agua en el centro, lo que motivó la intervención policial. La investigación de la Fiscalía Primera Superior determinó que los jóvenes no pudieron escapar porque la celda estaba cerrada con candado. Pese a sus súplicas, los agentes no los auxiliaron a tiempo.
