Carlos Antúnez, abogado del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), entidad que representa al Estado como querellante en el caso Odebrecht, sorprendió al tribunal con una estrategia combinada: apoyó la petición de la Fiscalía Especial Anticorrupción para absolver a cinco acusados, pero agregó un nombre más a esa lista.
En su alegato, La fiscalía pidió eximir a Aurora Muradas, Navin Bhatka, Michelle Lasso, Rosa Mary Molino y Jaume Pamies, por considerar que no podía pedir una sentencia condenatoria para ellos, más allá de toda duda razonable.
Cuando llegó su turno, Antúnez apoyó esa moción y pidió absolver también a Juan Antonio Niño Pulgar.
Todo ocurrió el miércoles 25 de febrero, dos días antes de que concluyera el juicio.
En sus alegatos, Antúnez desarrolló un complejo análisis del delito de blanqueo de capitales.
El blanqueo de capitales
Ante la juez Baloisa Marquínez y el resto de la sala, explicó que la prueba practicada en juicio demuestra la comisión del delito en términos generales. “El material probatorio analizado no deja dudas de la existencia del delito de blanqueo de capitales en la causa que hoy nos tiene aquí”, pronunció.
Añadió que esa conclusión se apoya en la evidencia producida durante la audiencia y no en conjeturas.
Recordó que el blanqueo de capitales exige la demostración inequívoca del origen ilícito de los fondos y actos idóneos dirigidos a su ocultamiento o integración al sistema económico formal.
“El dolo no se puede sospechar. Tiene que ser probado de manera plural y convergente”, enfatizó.
Y añadió: “El derecho penal no sanciona estructuras ni movimientos financieros ni transferencias bancarias; el derecho penal sanciona delitos”.
“Hemos tratado de hacerlo con la mayor responsabilidad institucional en representación del Ministerio de Seguridad Pública”, expresó.
Enseguida recordó que él y su compañero Alexis Rivera Taylor, que -como él- es asesor en el Minseg, asumieron el proceso con conciencia de su complejidad y que actuaron “con compromiso, con respeto al debido proceso y con austeridad”.
El abogado de la parte querellante insistió en que su actuación no respondió a presiones externas.
“Hemos participado en total desapego y desligado de cualquier influencia política, mediática o ajena a este proceso. Venimos en defensa de los intereses del Estado, no de manera accesoria ni simbólica, sino de manera activa y responsable”, afirmó.
Examen individual, no colectivo
Antúnez dijo ante la sala de juicio que a varios imputados “les alcanza la responsabilidad penal”, pues se establecen vínculos entre su conducta y los hechos investigados.
Sin embargo, pidió a la juez un análisis individual.
“Apelamos a la examinación individual, no colectiva, de cada uno de los procesados, atendiendo al grado de participación y al dominio del hecho”.
Parte de su intervención se basó en sustentar por qué considera que Niño, que es amigo del presidente José Raúl Mulino, debe ser absuelto.
La Fiscalía Especial Anticorrupción sostiene que las empresas Active Capital Reinsurance y Active Capital Holding, ambas controladas por Niño, sirvieron como puente para canalizar fondos de Caja 2 de Odebrecht.
Según esa tesis, determinadas transferencias y contratos evidencian operaciones dirigidas a ocultar el origen supuestamente ilícito del dinero.
La fiscalía construyó su acusación sobre la trazabilidad de transferencias realizadas entre julio y agosto de 2014 desde Multibank hacia sociedades controladas por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. En su planteamiento, estos movimientos probarían el blanqueo de capitales.
Frente a esa línea, el Minseg, como querellante, adoptó una conclusión distinta.
El análisis sobre Niño
Antúnez explicó que, tras revisar las pruebas, no encontró elementos suficientes para sostener responsabilidad penal contra Niño.
“Nos encontramos ante el reproche de actividades cuestionadas de una empresa con clara acreditación de la legitimidad de sus actividades de seguro y reaseguro”, afirmó.
El abogado sostuvo que los contratos mencionados corresponden a pagos de comisiones por referidos dentro de los márgenes habituales del mercado asegurador. Aseguró que esos porcentajes coinciden con los estándares observados en otros negocios similares examinados durante el juicio.
Según sus cálculos, las operaciones cuestionadas representan menos del 1% del total de primas y comisiones de la compañía en el período analizado. Además, destacó que la empresa reportó ganancias superiores a $61 millones y gestionó primas por alrededor de $240 millones desde 2007.
Antúnez también afirmó que ninguna de esas operaciones generó un reporte de operación sospechosa y que los proyectos vinculados a Sherkson y Sigma (dos sociedades que recibieron dinero de Active Capital) fueron proyectos reales de construcción. En su criterio, la prueba no demuestra que Niño conociera un origen ilícito de los fondos ni que ejerciera dominio del hecho.
“El dolo no se puede sospechar”, reiteró ante la juez, al insistir en que el estándar probatorio debe ser alto en operaciones corporativas complejas con múltiples intervinientes.
Las absoluciones solicitadas
Cuando pidió la absolución de Jaume Pamies, Aurora Muradas, Navin Bhatka, Michelle Lasso y Rosa Mary Molino, al igual que en el caso de Niño, Antúnez explicó que no se acreditó conocimiento del origen ilícito de los fondos ni participación consciente en actos dirigidos a su ocultamiento.
En paralelo, mantuvo que el delito de blanqueo de capitales sí se configura en la causa y que corresponde a la juez determinar, con base en la prueba, qué procesados incurrieron en responsabilidad penal.
Antúnez cerró su intervención con un llamado directo a Marquínez: “Que su decisión se fundamente en la prueba y en la Constitución”.
Los abogados del Minseg llegaron al caso en octubre de 2024, cuando el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, comunicó al juzgado que Antúnez actuaría como principal y Rivera Taylor como sustituto.
En la nota se explica que están facultados para recibir, desistir, transigir, reconvenir, allanarse, comprometerse, celebrar acuerdos que impliquen disposición de acciones e interponer todos los recursos legales que consideren convenientes y necesarios para procurar la mejor representación de sus intereses.
En septiembre de 2023, el entonces ministro de Seguridad, Juan Pino, extendió el poder al abogado Carlos Muñoz Pope para representar al Estado panameño en este proceso.
En esa ocasión, se argumentó que el objetivo era constituirse en querellante, atendiendo a la magnitud del perjuicio ocasionado al erario público como consecuencia de los actos ilícitos identificados en este proceso, y establecer un precedente histórico para resarcir el daño moral, material y reputacional del Estado panameño como principal afectado.
El final
El juicio del caso Odebrecht concluyó en la noche del pasado viernes 27 de febrero, con los alegatos de los últimos abogados defensores. La fiscal Ruth Morcillo, además de las cinco absoluciones en esta nota mencionadas, pidió condena para 16 acusados.
Alegó que las pruebas son suficientes para que el tribunal dicte una sentencia de culpabilidad. “Hay pruebas que nos permiten decir que esa persona sabía que lo que estaba haciendo era con el ánimo de delinquir, de blanquear dinero”, insistió la fiscal.
