¿Por qué era necesario allanar, casi al alba, las residencias en las que pernoctaban el exadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, y dos personas más, investigadas por la Fiscalía Anticorrupción?
La respuesta aportada por la fiscalía no convenció al juez Luis Ceballos, que la noche del pasado jueves 28 de agosto declaró ilegal las órdenes de aprehensión giradas contra Oliva, el empresario Budy Attie y la abogada Janice Becerra, antigua asesora de la AIG.
Ni uno había eludido el proceso, alegaron sus abogados defensores en la audiencia celebrada para legalizar las aprehensiones. El juez les creyó.
Oliva, Attie y Becerra sabían que la fiscalía los investigaba por presuntas irregularidades en el manejo de la plataforma Listo Wallet, utilizada para gestionar los pagos a los beneficiados del programa Vale Digital del plan Panamá Solidario.
Al juez Ceballos le explicaron en la audiencia que cada uno tenía una participación activa en el proceso y había comparecido y designado un abogado. Todo eso consta en las carpetillas.
También habían aportado la dirección de sus residencias antes de que la fiscalía emitiera las boletas de aprehensión. Los abogados defensores aseguraron que con una simple citación, sus clientes habrían acudido al llamado de la fiscalía. En cambio, fueron a buscarlos a sus casas, con agentes policiales, que los sacaron escoltados y esposados.
La fiscalía no pudo rebatir esos argumentos.
El juez Ceballos también quiso saber por qué los periodistas aparecieron en las residencias allanadas. Esa situación vulneró la presunción de inocencia de los tres investigados, reclamó Gustavo Pereira, abogado de Oliva.
Cuando el juez pidió explicaciones a la fiscal Jenisbeth Malek, ésta dijo desconocer quién llamó a los medios de comunicación.
Pereira también resaltó que su cliente renunció voluntariamente al fuero electoral penal que había adquirido como candidato a diputado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) en San Miguelito, en las elecciones de mayo de 2024.
Todas estas circunstancias condujeron al juez a declarar ilegal las aprehensiones, aunque luego les imputó por la presunta comisión de los delitos de corrupción de funcionario, asociación ilícita para delinquir y peculado.
Por tanto, el proceso sigue.
Por estos hechos también es investigado Ralph Attie, hermano de Budy. A Attie también fue a buscarlo la policía a su residencia, en la mañana del pasado miércoles, pero cuando los agentes le colocaron las esposas se le bajó el azúcar y se “descompensó”. Por tanto, en lugar de conducirlo a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), fue llevado al hospital Pacífica Salud.
