El momento llegó. La fiscal superior Ruth Morcillo pidió condena contra el exministro de Obras Públicas Federico Suárez y el empresario Marcelo de la Rosa durante la fase de alegatos finales del juicio por presuntos sobrecostos en dos proyectos viales ejecutados durante el gobierno de Ricardo Martinelli.
En contraste, la fiscalía solicitó la absolución de los cinco integrantes de la comisión evaluadora que participó en los procesos de licitación.
Todo ocurrió en la jornada del martes 10 de marzo, en la segunda semana del juicio por la remodelación del Casco Antiguo y la ampliación de la vía Domingo Díaz.
Los argumentos de la fiscalía
La petición del Ministerio Público se apoya en un análisis que distingue dos niveles de responsabilidad dentro del expediente. La fiscalía sostiene que las pruebas permiten atribuir conocimiento y control sobre los contratos a funcionarios de mayor jerarquía y a uno de los particulares que participó en las contrataciones con el Estado.
En cambio, ese mismo estándar probatorio no logró acreditar que los miembros de la comisión evaluadora conocieran el esquema que, según la teoría fiscal, generó los sobreprecios detectados en las obras.
El juicio se desarrolla desde el 2 de marzo a puertas cerradas en el salón de audiencias del Tribunal Superior de Causas Penales, bajo la dirección de la jueza Águeda Rentería.
La audiencia examina dos proyectos emblemáticos del programa de infraestructura vial ejecutado entre 2009 y 2014: la rehabilitación del Patrimonio Histórico de la Ciudad de Panamá, en el Casco Antiguo, y la ampliación de la avenida José Domingo Díaz.
Ambas obras formaron parte del Plan Maestro de Ordenamiento Vial impulsado durante el gobierno de Martinelli. La investigación judicial analiza el costo final de los contratos, la estructura de los precios y las decisiones administrativas que permitieron adjudicar y ejecutar los proyectos.
La conducta de cada acusado
Durante la presentación de los alegatos, la fiscal Morcillo explicó que el Ministerio Público evaluó la conducta de cada acusado a partir de dos elementos centrales del derecho penal: el conocimiento del hecho y el dominio sobre la decisión que permitió ejecutar los contratos.
En el caso del exministro Suárez, la fiscalía sostiene que el conjunto de pruebas incorporadas al proceso permite inferir que el funcionario conocía la estructura contractual que infló los costos de las obras. Según la tesis del Ministerio Público, el cargo que ocupaba dentro del Ministerio de Obras Públicas de Panamá le otorgaba control sobre los proyectos y sobre las decisiones estratégicas vinculadas con la contratación.
La fiscalía también considera que los antecedentes del caso Odebrecht refuerzan esa hipótesis. Las investigaciones sobre esa constructora revelaron prácticas de pago de sobornos a funcionarios públicos a cambio de adjudicaciones y contratos inflados. Ese patrón llevó a los fiscales a revisar proyectos en los que participaban distintas empresas constructoras y a analizar si la estructura de costos permitía generar fondos para pagos ilegales.
En esa línea, la fiscalía argumenta que el sobreprecio detectado en los contratos no constituye un hecho aislado. La acusación sostiene que el incremento artificial de los costos formaba parte de un mecanismo que permitía a las empresas disponer de recursos adicionales para financiar sobornos o comisiones ilegales.
La acusación también incluyó al empresario Marcelo de la Rosa, de la empresa Louis Berger Group. Para la fiscalía, las pruebas permiten ubicarlo dentro de la dinámica contractual que facilitó la ejecución de los contratos con precios por encima de los valores razonables de mercado.
El caso de la comisión evaluadora
En contraste, el análisis de la conducta de los miembros de la comisión evaluadora condujo a una conclusión distinta. La fiscalía examinó la función que cumplió ese grupo dentro de los procesos de licitación. Los integrantes de la comisión evaluadora revisaban las propuestas presentadas por las empresas y asignaban puntajes técnicos y económicos.
Sin embargo, el Ministerio Público no logró acreditar que esas personas conocieran el esquema que, según la teoría fiscal, permitió pactar contratos con sobreprecio. La fiscal explicó que el expediente no contiene evidencia que demuestre que los evaluadores participaron en acuerdos irregulares o que supieran que las empresas y los funcionarios involucrados habrían alterado el proceso de licitación.
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Ese vacío probatorio llevó a la fiscalía a solicitar la absolución de María Eugenia González, León Halphen, Héctor Castillo, Juan Manuel Vásquez y Sergio Del Sour. El Ministerio Público considera que su participación se limitó a la evaluación técnica de las propuestas presentadas por las empresas que concursaban en las licitaciones.
La investigación también incluye el antecedente de una condena obtenida mediante un acuerdo de pena. En esa etapa del proceso, el exdirector de Administración de Contratos del Ministerio de Obras Públicas, Jorge “Churro” Ruiz, aceptó responsabilidad penal dentro del caso. Ese acuerdo forma parte del conjunto de elementos que la fiscalía presentó durante el juicio para reconstruir la dinámica administrativa de los proyectos.
La trama
Eugenio del Barrio y Julio Casla, excolaboradores de FCC, en su momento confesaron ante la fiscalía que se pagaron coimas equivalentes al 10% de los contratos adjudicados por el MOP durante el período 2009-2014 para obras del reordenamiento vial en la ciudad de Panamá.
Según sus testimonios, su entonces jefe inmediato, Avelino Acero, se reunió con Suárez, quien les habría dicho que, para que el Estado pagara deudas de proyectos anteriores al período 2009-2014, debían pagar una coima del 10%, porcentaje que también se aplicaría a nuevos proyectos. De acuerdo con esa versión, esta práctica también habría involucrado a empresas como Odebrecht y el consorcio ICA-MECO.
Las constructoras se habrían reunido en las oficinas de Odebrecht, ubicadas en el edificio Torres de las Américas, para repartirse las obras del reordenamiento vial. Según los testimonios, FCC asumiría los tramos I y II de la vía Brasil; el consorcio ICA-MECO ejecutaría los trabajos en la avenida Domingo Díaz; y Odebrecht quedaría a cargo del proyecto del Patrimonio Histórico de la Ciudad de Panamá.
Durante esos encuentros, se habría indicado a los representantes de cada empresa la cifra que debían incluir en sus ofertas dentro de las licitaciones para presentar montos similares, además del pago del 10% correspondiente a la presunta coima.
Las auditorías de la Contraloría
Otro pilar de la acusación lo constituyen las auditorías elaboradas por la Contraloría General de la República de Panamá. Esos informes analizaron la estructura de los contratos, los costos de los materiales y los gastos asociados a la ejecución de las obras.
Los auditores concluyeron que los proyectos presentaban precios por encima de los valores razonables. En el caso de la remodelación del Casco Antiguo, el informe identificó un sobreprecio de $51.4 millones. En la ampliación de la avenida José Domingo Díaz, el monto alcanzó $47.3 millones.
Las auditorías también evaluaron factores técnicos relacionados con los gastos directos e indirectos de las obras, los costos administrativos y los factores multiplicadores utilizados para calcular los precios finales. Según la fiscalía, esos análisis técnicos permitieron cuantificar el impacto económico de las decisiones adoptadas durante la ejecución de los contratos.
Durante el juicio, los auditores comparecieron como testigos y ratificaron el contenido de sus informes ante el tribunal. El expediente también incluye peritajes adicionales que examinan el precio razonable de los materiales y de los servicios contratados.
La fiscalía sostiene que la coincidencia entre las auditorías, los peritajes y los antecedentes del caso Odebrecht ofrece un marco probatorio suficiente para establecer que los contratos se ejecutaron con costos inflados.
El expediente forma parte de una investigación más amplia que revisa múltiples proyectos de infraestructura vinculados con grandes constructoras que operaron en el país durante la última década. Esa investigación comenzó en 2017, cuando las autoridades panameñas iniciaron el rastreo del impacto local del esquema de corrupción revelado por el caso Odebrecht.
La etapa final
Los alegatos de la fiscalía marcan la etapa final del proceso judicial. Este miércoles le corresponde a la defensa presentar sus argumentos ante la juez Rentería. El tribunal evaluará las pruebas incorporadas al expediente antes de emitir un fallo sobre la responsabilidad penal de los acusados.
En Panamá, el delito de peculado está tipificado en el artículo 338 del Código Penal y contempla penas de 4 a 10 años de prisión para el servidor público que se apropie o permita la apropiación de bienes o fondos del Estado bajo su administración.
Cuando el perjuicio económico supera los $100,000, la ley prevé la modalidad agravada, con penas que pueden alcanzar entre 8 y 15 años de cárcel. En el caso que se discute en este juicio, las auditorías de la Contraloría detectaron presuntos sobrecostos que superan los $90 millones en dos proyectos, una cifra que ubica el proceso dentro del rango de peculado agravado.
