Un total de 14 amparos de garantías constitucionales fueron presentados en la mañana de este lunes ante la Corte Suprema de Justicia contra la resolución de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) del pasado 24 de abril en la que se aplican regulaciones para la expedición de los salvoconductos a los abogados que deban prestar servicios a personas objeto de alguna acción judicial o administrativa durante la pandemia de Covid-19.
Las demandas señalan que la comunicación hecha por la AIG sobre los salvoconductos para los abogados establece horarios definidos para que los abogados puedan ejercer su labor de asistencia legal carece de sustento jurídico, ya que dicha entidad no tiene facultad para ello.
Los recursos plantean que el director de la AIG, Luis Oliva, se extralimitó en sus funciones, ya que no tiene facultad para disponer cuando los abogados podrán asistir a una persona que así lo requiera.
También señala que el citado comunicado del pasado 24 de abril violan los artículos 17 y 18 de la Constitución, que regulan los deberes y derechos de los ciudadanos.
Señalan que las acciones emprendidas por la AIG constituyen además de una vulneración a los derechos fundamentales, una forma de entorpecer y coartar el ejercicio de la abogacía.
El abogado Eliecer Plicet, quien presentó una de los amparos, dijo que esperar que la Corte Suprema de Justicia le imprima la celeridad necesaria a este recurso para que los abogados puedan ejercer su profesión sin cortapisas durante la pandemia de Covid-19.
