Un grupo de asociaciones panameñas presentó este lunes 3 de enero una demanda de inconstitucionalidad contra las modificaciones a la ley de la facturación electrónica.
Entre las quejas de los demandantes está la obligatoriedad de contratar un programa de computación e imponer un método de cobro.
El presidente del Colegio de Abogados de Panamá, Juan Carlos Araúz, interpone ante la Corte Suprema de Justicia, una demanda de inconstitucionalidad contra norma que atenta contra las libertades. Video Richard Bonilla #LaPrensaSecuestrada informa en https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/5twIKEV8bn
— La Prensa Panamá (@prensacom) January 3, 2022
La demanda se presentó porque, según los demandantes, atenta contra los profesionales, artistas y artesanos panameños.
“El Estado no puede interferir en las profesiones liberales del país”, dijo el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz.
Lea también: Ley No. 256 de 26 de noviembre de 2021
Los profesionales que se reunieron la mañana de este lunes pidieron también a la administración del presidente Laurentino Cortizo la derogación de la Ley No. 256 de 26 de noviembre de 2021.
Esa norma modifica las medidas tributarias establecidas en la Ley No. 76 de 1976.
La Ley No. 256 entró en vigencia el pasado 1 de enero y establece que todo registro único de contribuyente deberá utilizar como medio de facturación el sistema de facturación electrónico de Panamá.
Araúz enfatizó que ninguno de ellos estaba promoviendo la irresponsabilidad tributaria. “Los profesionales contribuimos a este país firmemente porque son nuestros hijos y familiares que usan los servicios públicos”.
Añadió que el Estado tiene que “respetar el ejercicio de las profesiones liberales, de los artistas, de los artesanos y de quienes ejercen distintos oficios”.
