Al Ministerio Público llegó una denuncia penal que solicita investigar la presunta comisión de delitos contra la administración pública y contra la fe pública en la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
El caso gira en torno a la empresa Services White Tiger Corp., cuya licencia fue cancelada el 23 de mayo de 2025 mediante la Resolución ADM 053-2025, firmada por el administrador encargado Alexander De Gracia. La medida se sustentaba en “faltas insubsanables”, entre ellas la ausencia de naves registradas y una deuda superior a $179,000.
Sin embargo, en julio pasado aparecieron dos versiones distintas de la Resolución ADM 051-2025, ambas fechadas el 28 de julio de 2025 y suscritas por el administrador general de la AMP, Luis Roquebert, pero con decisiones opuestas.
La primera versión detalla con precisión que White Tiger no podía acceder al recurso de reconsideración, al señalar la morosidad existente y la falta de naves. Está firmada por Roquebert, con sello de la Oficina de Asesoría Legal y las iniciales de la jefa del área, Khadyn Mollick.
Mientras que la segunda versión ordena admitir el recurso de reconsideración y revoca la resolución que cancelaba la licencia, sin mencionar la deuda ni los responsables de su confección.
La acción legal fue presentada por el abogado Roberto Ruiz Díaz, quien advierte presuntas irregularidades que podrían configurar delitos contra la Administración Pública (artículo 345 del Código Penal) y contra la Fe Pública (artículo 366 del Código Penal).
El denunciante considera “ilógico” que existan dos resoluciones con la misma numeración, fecha y tema, pero con fallos totalmente distintos. A su juicio, la contradicción abre la posibilidad de que se trate de documentos falsificados o de una extralimitación de funciones dentro de la AMP.
Como parte de las diligencias, se solicitó al Ministerio Público entrevistar a Khadyn Mollick, jefa de Asesoría Legal, y obtener copias autenticadas de ambas resoluciones con sus iniciales.
El documento también dice que este tipo de irregularidades comprometen la credibilidad institucional y podrían evidenciar prácticas indebidas en la administración pública.
