La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias, informó que existe un rezago de al menos 4 mil solicitudes de audiencias pendientes que deben ser evacuadas antes que culmine este año 2022.
Durante una comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional en la noche del miércoles 17 de agosto, López destacó que para hacerle frente a esta mora con la justicia se ha elaborado un plan de contingencia, que implica que los jueces laboran hasta los días sábados.
La Comisión de Presupuesto le aprobó a la Corte un traslado de partida interinstitucional por la suma de $2 millones para reforzar el proyecto de construcción de la unidad judicial de La Chorrera. Explicó que estos fondos permitirán acelerar la construcción de salas de audiencias para hacer frente a lo que el Órgano Judicial ha llamado una creciente “litigiosidad”. Hay juicios programados para fechas tan tardías como para los años 2025 y 2026.
Los fondos pertenecen a los proyectos de la unidad judicial de Santiago, la construcción y equipamiento de una cuarta losa de la unidad judicial de Colón y del Complejo Académico y Cultural de Herrera, cuyos porcentajes de avance físico no permitirían la presentación de cuentas por la sumas presupuestadas en esta vigencia fiscal, por lo que estos fondos podrán ser canalizados para la unidad regional de La Chorrera.
El proyecto de la unidad regional de La Chorrera está a cargo de la Oficina de la Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe (Unodc-Ropan), en el marco de la iniciativa “Consolidación de la Reforma Procesal en Penal en Panamá”.
Este año el Órgano Judicial tiene un presupuesto de inversión total de 15 millones de dólares.
