El presidente Laurentino Cortizo regresó al país después de un viaje de cuatro días a Nueva York y, en su primera aparición pública, negó que se ejecuten acciones para "desmantelar" las fiscalías anticorrupción, como acusó la procuradora Kenia Porcell.
"Nosotros por nada vamos a desmantelar ningún tipo de investigaciones... Nosotros estamos para servir y ayudar a que esas investigaciones, de una vez y por todas, se culminen después de cinco años y en lo que podamos servir como Ejecutivo al Ministerio Público y el Órgano Judicial, estamos a la orden", remarcó Cortizo, este miércoles 24 de julio, al salir de una reunión con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP).
Negó haber hablado con la procuradora.
"Yo no sé quién la ha presionado, con toda sinceridad", agregó.
Sobre el retiro de los agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) asignados a investigaciones de casos judiciales como Odebrecht, Pandeportes, Blue Apple, planillas legislativas o juntas comunales, dijo que se está respetando "el derecho que tiene cada individuo a sus vacaciones. No significa que se le está quitando. En total son cuatro casos y se le envió a una joven altamente calificada".
El presidente igualmente dijo desconocer sobre una presunta investigación a cuentas bancarias de familiares de la procuradora, como la propia Porcell indicó esta mañana, en una entrevista a Telemetro Reporta. En esa entrevista, dijo que hay "dos altos empresarios" que presionan para que sea destituida del cargo.
No es la primera vez que Cortizo resta importancia a los señalamientos de Porcell. El pasado viernes, cuando la procuradora comunicó al país sobre la remoción de los investigadores, el presidente dijo: "Nadie está desmantelando absolutamente nada".
"Quien ha dicho eso está mintiendo", remarcó entonces Cortizo.
Entre los agentes removidos figuran “cerebros” de la DIJ. Una de ellas, la mayor Damaris Rodríguez, quien era la encargada de la División Anticorrupción. Fue reemplazada por Irán Yearwood, quien hasta hace unos días prestaba servicios preventivos en un cuartel de Juan Díaz. Yearwood laboró en el Consejo de Seguridad Nacional, en la administración de Martinelli. Manuel Castillo, director de la DIJ, también laboró en el gobierno de Martinelli, precisamente en el cargo que actualmente vuelve a ocupar.
Porcell ha dicho que nunca se le comunicó de esos cargos y que no ha podido dialogar al respecto con Castillo, pese a que la Ley 69 de 2007, que creó la DIJ, establece en su artículo 9 que sus miembros “no podrán ser separados o apartados de la investigación específica que les haya sido encomendada hasta tanto esta finalice o mientras no concluya la fase procesal en la que hubiera requerido su intervención”.
La misma ley, en su artículo 10, establece que los miembros de la DIJ y cualquier miembro de los servicios de Policía habilitados por el MP para funciones de investigación judicial “acatarán las órdenes que se les imparta en la respectiva investigación penal”. Estos “no podrán revelar la información recibida como consecuencia de sus actuaciones, incluso, a sus superiores jerárquicos. La infracción a esta prohibición será sancionada”, indica la norma.
Y eso era precisamente lo que pretendía el Ejecutivo que dirige Cortizo. Según un comunicado del Ministerio de Seguridad divulgado el pasado viernes, la entidad reconoce que se les ha impedido conocer "todo lo que hicieron por cinco años los policías asignados al Ministerio Público".
Entre los agentes removidos figuran “cerebros” de la DIJ. Una de ellas, la mayor Damaris Rodríguez, quien era la encargada de la División Anticorrupción. Fue reemplazada por Irán Yearwood, quien hasta hace unos días prestaba servicios preventivos en un cuartel de Juan Díaz. Yearwood laboró en el Consejo de Seguridad Nacional, en la administración de Martinelli. Manuel Castillo, director de la DIJ, también laboró en el gobierno de Martinelli, precisamente en el cargo que actualmente vuelve a ocupar.
Porcell ha dicho que nunca se le comunicó de esos cargos y que no ha podido dialogar al respecto con Castillo, pese a que la Ley 69 de 2007, que creó la DIJ, establece en su artículo 9 que sus miembros “no podrán ser separados o apartados de la investigación específica que les haya sido encomendada hasta tanto esta finalice o mientras no concluya la fase procesal en la que hubiera requerido su intervención”.
La misma ley, en su artículo 10, establece que los miembros de la DIJ y cualquier miembro de los servicios de Policía habilitados por el MP para funciones de investigación judicial “acatarán las órdenes que se les imparta en la respectiva investigación penal”. Estos “no podrán revelar la información recibida como consecuencia de sus actuaciones, incluso, a sus superiores jerárquicos. La infracción a esta prohibición será sancionada”, indica la norma.
Y eso era precisamente lo que pretendía el Ejecutivo que dirige Cortizo. Según un comunicado del Ministerio de Seguridad divulgado el pasado viernes, la entidad reconoce que se les ha impedido conocer "todo lo que hicieron por cinco años los policías asignados al Ministerio Público".