El procurador de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, no parece sorprendido por el rechazo de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional (AN) a dos proyectos de ley que presentó en julio pasado y que buscaban fortalecer la lucha contra la corrupción.
El presidente de dicha comisión, el diputado Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas (RM), fue muy renuente a incluir en agenda la discusión de las propuestas, en primer debate. Eso ya indicaba que no había ningún ánimo de adoptar la ley general anticorrupción y las modificaciones al Código Penal en materia de delitos contra la administración pública, que eran los objetivos de ambos proyectos. Finalmente, este miércoles 28 octubre, Camacho, con los votos de Shirley Castañeda (RM), Didiano Pinilla (Cambio Democrático) y los perredistas Jairo Salazar y Raphael Buchanan, hundió las dos propuestas. A favor votaron José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (Moca) y los independientes Janine Prado, Luis Duke y Roberto Zúñiga.
¿Cómo se siente usted luego del resultado en la Asamblea Nacional?
Es un tema lamentable, sobre todo cuando observo que, en el proyecto que adopta la primera ley general anticorrupción, solamente se le da discusión al primer artículo, cuando es un proyecto que tiene 71 artículos que buscaban agilizar las investigaciones, lograr que fuesen oportunas y lograr certeza del castigo. El tema de combatir la corrupción es un tema de todos: de quien denuncia, de quien investiga, de quien juzga, pero sobre todo de quienes nos dan aquellas reglas que van a constituir el proceso en el cual se va a dirigir toda la investigación y su juzgamiento.
El argumento del presidente de la Comisión de Gobierno es que no se necesitan más leyes para combatir la corrupción. Lo que falta, según Camacho, es voluntad. ¿Cuál es su respuesta frente a ese señalamiento?
La voluntad está al 100% de todos los agentes fiscales encargados de investigar en materia anticorrupción. Todos los días se realizan diversos operativos en beneficio de las instituciones públicas que, de una u otra manera, han sido afectadas por estas conductas. La realidad de Panamá es la ausencia de herramientas más efectivas que permitan superar obstáculos en las realidades investigativas. Por ejemplo, no tenemos la obligación de que las instituciones se constituyan en querellantes. Es una voluntad en la que no podemos asegurar que el resarcimiento civil en beneficio del Estado se haga realidad. Con el nuevo modelo de procedimiento penal se requiere la exigencia de un querellante legítimo en cuanto a esa reparación civil. Y es que el enfoque de los proyectos anticorrupción iba en esa línea: superar esos obstáculos. La voluntad está. Lo que se busca es adecuar normativas procesales para poder agilizar investigaciones y poder asegurar juzgamientos con certeza de castigo en este tipo de delitos.
¿Por qué considera que los proyectos de ley 291 y 292 no fueron aprobados en primer debate? Ni siquiera hubo una real discusión del contenido de ambas propuestas.
Tal cual como lo indica: no hubo una real discusión. Cuando observamos que, en la ley general anticorrupción, lo primero que se leyó fue el artículo 1, y ante ese rechazo bastó para rechazar todo el proyecto de ley, evidentemente no había una voluntad de explorar el proyecto y someterlo a una real discusión. El primer artículo de ese proyecto habla del objeto y fines de la ley, y en esa materia se hacía énfasis en que la finalidad era lograr la protección del patrimonio estatal, la aplicación de técnicas conforme a la Constitución, los tratados y la ley, y potencializar la cooperación internacional. Si estos tres objetos no son suficientes para invitar a la lectura profunda del proyecto y la discusión de los demás artículos, entonces debo concluir que no hubo una real discusión.
El diputado Camacho se quejó porque no hay investigaciones relacionadas al contenido de los Varelaleaks, porque no se ha llamado a la exprocuradora Kenia Porcell ni se ha procesado al testigo protegido del caso Pinchazos. ¿Qué opina de esas apreciaciones?
Esa apreciación trasciende a temas particulares que se alejan de los objetos de discusión dentro del foro que correspondía a proyectos de ley, de reformas al Código Penal y a la ley general anticorrupción. Por estricta prudencia no puedo referirme a casos investigados en periodos pasados.
¿Presentará nuevamente ambas propuestas? Si tuviera una segunda oportunidad, ¿qué haría distinto?
Sí presentaría nuevamente las propuestas y no haría absolutamente nada distinto. Estos proyectos de ley fueron informados, explicados y levantados con el mayor criterio técnico, científico y objetivo, con la finalidad de proveer al país marcos legislativos adecuados a la realidad nacional. Lo señalado por los diputados en primer debate será respetado por este procurador; sin embargo, eso no excluye la posibilidad de volver a presentarlos y, como he señalado, no haría absolutamente nada diferente.
¿Por qué nacieron estos proyectos?
El delito es una actividad dinámica y se sofistica. En ese sentido, las reglas deben ir adecuándose a esas realidades criminales. Por ejemplo, el delito insigne en materia contra la administración pública es el delito de corrupción. En la actualidad, tiene una pena de 2 a 4 años de prisión. Son penas donde un delincuente primario, lo más probable, es que no enfrente pena de prisión, porque puede ser reemplazada, y lo más grave es que el tema de prescripción es corto y podemos enfrentar prescripción de la acción penal, como sucedió en casos muy conocidos como Blue Apple y Odebrecht, donde los delitos de corrupción se declararon prescritos. De esta manera, las reglas tienen que ir adecuándose a las realidades, y esta era una de las intenciones por parte del proyecto de ley anticorrupción.
