A pesar de que desde 2017 el Ministerio Público investiga la presunta comisión de delitos de peculado y sobrecostos en la ejecución de obras asignadas a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), aún ninguno de estos casos ha llegado a juicio.
Entre las investigaciones que se llevan a cabo están las relacionadas con la construcción del Corredor Vía Brasil, tramos I y II, cuyo costo fue de 455 millones de dólares, así como el proyecto de remodelación de la Vía Domingo Díaz, con un costo de 238 millones de dólares, y el denominado proyecto de remodelación del Casco Antiguo, por un monto de 777 millones de dólares.
Estas investigaciones han tropezado con una gran cantidad de recursos legales, lo que implicó la paralización de las diligencias por parte de la Fiscalía Anticorrupción durante varios meses. También se solicitaron asistencias judiciales que dilataron aún más las pesquisas.
Un informe de auditoría reveló la existencia de presuntos sobreprecios en la construcción de las obras. Según los informes de la Contraloría General de la República, el Corredor Vía Brasil tuvo un sobreprecio de 70.6 millones de dólares en el tramo I y de 41.8 millones en el tramo II.
Mientras tanto, los sobrecostos en el proyecto de remodelación del Casco Antiguo se estimaron en 51.4 millones de dólares.
En este último caso se emitió un llamamiento a juicio, pero aún no se ha celebrado. Entre los llamados a juicio figuran el exministro de Obras Públicas, Federico Suárez; Mauricio Cort; Jorge Ruiz; Juan Manuel Vásquez; Leo Emilio Hallpen; Héctor Castillo; Sergio Fernando Del Sour; y Marcelo De La Rosa.
En este proceso también se admitió la declaración como testigos de los directivos de FCC Avelino Acero, Julio Casla y Eugenio Del Barrio, quienes alegaron haber pagado un 10% de sobrecostos para poder concluir las obras.
Hace un año y tres meses, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales dispuso la acumulación de los expedientes relacionados con la construcción del Corredor Vía Brasil, tramos I y II.
Tras esta decisión, el juzgado fijó para el 3 de septiembre de 2024 la celebración de la audiencia preliminar para determinar si había mérito para llamar a juicio, pero aún se desconoce el resultado.
Sin embargo, los abogados defensores en esta causa solicitaron la acumulación de la totalidad de los casos, situación que fue rechazada en primera instancia, pero apelada ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.
Los defensores también han señalado que estos casos deben ser declarados nulos, ya que la fiscalía se excedió en el término de la investigación sin la autorización del juzgado. Asimismo, alegan que se produjeron múltiples violaciones al debido proceso judicial.
