El procurador de la Administración Rigoberto González, investiga ocho denuncias y quejas administrativas hechas ante la Secretaría de Consultas y Asesoría Jurídica, las cuales fueron interpuestas por ciudadanos contra funcionarios por las supuestas anomalías en “actividades públicas relacionadas con la pandemia de Covid-19 en el país”.
Los ocho expedientes abiertos se relacionan con sobrecostos para la adquisición de artículos, ventas de títulos valores, irregularidades en licitaciones y aplicación de norma legales, incumplimientos de deberes, y acoso laboral.
Las investigaciones preliminares tienen como objetivo acreditar elementos que permitan determinar si las mismas pueden llegar a constituir responsabilidad disciplinaria atribuible a algún servidor público, agregó.
Entre los hechos denunciados están la construcción del hospital modular Panamá Solidario, sobrecostos en la compra de mascarillas en el Hospital Santo Tomás, denuncia contra de la Dirección de Contrataciones Públicas, referente al manual de procedimiento para compras durante el Estado de Emergencia, supuesto incumplimiento de las leyes de transparencia por parte del director y junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), viaje de directivos de la CSS a México, negligencia en la atención de un paciente en la CSS, queja contra funcionario de la Región Metropolitana de Salud por presunto acosos laboral y queja contra funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa) por falta de sustento legal al levantar o mantener restricciones sobre áreas comunes de Propiedad Horizontal (PH).
Sobre la denuncia del hospital modular, señaló que se ordenó, mediante Resolución No. DS-102-2020 de 26 de mayo de 2020, la acumulación de la denuncia presentada por la Fundación Conciencia Ciudadana al expediente de la denuncia interpuesta por el abogado Ernesto Cedeño contra el titular de Obras Públicas, Rafael Sabonge.
Para llevar a cabo la investigación, la Procuraduría de la Administración ha pedido “varios informes al Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Turismo y el Minsa”, que son parte de este expediente. También solicitó a la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) una información adicional que puede ayudar a esta investigación.
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Respecto a la investigación de compras de mascarillas en el HST, dijo que el presidente delegado del Patronato de esa instalación hospitalaria debe remitir a la Procuraduría “un informe detallado y explicativo por la denuncia de supuestos sobrecostos para la adquisición de mascarillas” en el hospital, durante la crisis sanitaria causa por la Covid-19.
En el expediente sobre el manual de procedimiento para compras manifestó que se “han girado notas tanto a la Dirección General de Contrataciones Públicas como a la Contraloría General de la República.
Se recibió una denuncia contra la Dirección de Contrataciones Públicas, que guarda relación con el Manual de Procedimiento para Compras en Estado de Emergencia.
En la denuncia contra el director de la CSS, Enrique Lau Cortés y la junta directiva de esa entidad, explicó que los asesores jurídicos de la Procuraduría analizan el informe explicativo rendido por la junta directiva el cual fue pedido por el procurador González como parte de la petición hecha por el abogado Ernesto Cedeño, quien acusa al director y directivos de la CSS de supuesto incumplimiento de las normas de transparencia en relación con una propuesta de venta gradual de títulos valores del Subsistema de Beneficio Definido de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
También se inició una investigación de oficio que tiene como objetivo indagar sobre las denuncias que han aparecido en medios de comunicación sobre posibles irregularidades que involucran a tres integrantes de la junta directiva de la CSS, quienes viajaron a México para conocer sobre el sistema de almacenamiento y distribución de medicamentos en instituciones públicas.
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Además, hay una denuncia “contra dos facultativos de la CSS, por la supuesta inobservancia del deber de cuidado e impericia, en la atención de un paciente que falleció”. No se dio detalles del caso.
La Procuraduría de la Administración ha pedido un informe a la ministra de Salud, Rosario Turner, referente a la queja interpuesta contra la directora de Relaciones Públicas de la Región Metropolitana de Salud, "por presunto acoso laboral.
Se analiza también la respuesta de los informes solicitados tras la queja interpuesta contra funcionarios del Minsa por presunta falta de sustento legal al levantar o mantener las restricciones sobre áreas comunes de los PH.
