Los 18 auditores de la Contraloría General de la República que confeccionaron el informes de auditoría en el que se reveló que la empresa Panamá Ports Company (PPC) solo entregó $483 millones de los $1,337 millones que debía entregar a Panamá como parte del contrato por la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal deberán comparecer ante el procurador Luis Carlos Gómez para ratifique en estos hallazgos.
Así lo confirmó el propio procurador Gómez, durante una conferencia de prensa realizada el lunes 28 de abril , quien explicó que esta diligencia es parte de la investigación iniciada de oficio por su despacho tras conocer los resultados de la auditoría levantada por la contraloría.
Gómez explicó que las entrevistas con los auditores buscan esclarecer algunas situaciones encontradas en la auditoría y requieren ser esclarecidas para analizar ante la posible comisión de un ilícito.
También detalló que solicitó a la Autoridad Marítimas de Panamá (AMP) copia del contrato y las adendas suscritas con PPC, así como información al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre los pagos realizados por la empresa al Estado en concepto de dividendos.
Explicó que en la investigación también se analizan una serie de cheques que fueron pagados al Estado que no fueron entregados en concepto de dividendos si no como parte de operaciones en otras áreas portuarias
El Ministerio Público también ha pedido copia del estudio de impacto ambiental que le permitió operar a PPC y documentación al Registro Público para la empresa PPC.
En su momento, el contralor Anel Flores aseguró que PPC además de haber incurrido en incumplimientos habría manipulado información financiera para no entregar al estado lo que le correspondería con contrato desventajoso para el país.
El contralor precisó que PPC hacía transacciones con empresas relacionadas, lo que provocó que dejaran de pagar al Estado 300 millones de dólares.
El contrato de concesión entre el estado y PPC para la operación de las puertos de Balboa y Cristóbal fue aprobado a través de la Ley 5 de 16 de enero de 1997, durante la administración de Ernesto Pérez Balladares.
Mediante este acuerdo, la compañía asumió el control de dos de las terminales más estratégicas del país, ubicadas en las entradas del Canal de Panamá, comprometiéndose inicialmente a pagos anuales al Estado que incluían una suma fija de $22.2 millones y el 10% de sus ingresos brutos.
