El procurador Luis Carlos Gómez insistió en la necesidad de adoptar mecanismos distintos a las auditorías que realiza la Contraloría General de la República para adelantar investigaciones por delitos de enriquecimiento injustificado y peculado.
En una entrevista con Arca Media, antes de la conferencia semanal del presidente José Raúl Mulino en la que criticó la iniciativa, Gómez explicó que, en los proyectos de ley presentados ante la Asamblea Nacional, se proponen normas perfectamente viables para determinar responsabilidades en estos casos, ya que incluyen mecanismos que permiten establecer la existencia de actividades ilegales sin necesidad de una auditoría forense de la Contraloría.
Las iniciativas presentadas por el procurador han generado críticas del contralor Anel Flores, quien sostiene que solo a través de los informes de auditoría se puede establecer la existencia de una afectación al erario público.
Gómez afirmó que existen varios mecanismos establecidos en la ley mediante los cuales el Ministerio Público puede acreditar afectaciones a los bienes públicos. Recalcó que la Constitución establece que corresponde al Ministerio Público la persecución de los delitos, mientras que la Contraloría únicamente está facultada para fiscalizar las cuentas del Estado y, en caso de detectar posibles irregularidades, debe remitirlas a la Procuraduría General de la Nación.
Sostuvo que los proyectos presentados ante la Asamblea Nacional buscan dar mayor celeridad a las investigaciones. Añadió que, en los casos en que se requieran informes de auditoría —como en los procesos por enriquecimiento injustificado— estos serán solicitados.
El Ministerio Público ha pedido alrededor de 200 auditorías a la Contraloría relacionadas con casos de peculado bajo investigación, entre ellos algunos vinculados al manejo de fondos de la descentralización.
Gómez también reveló que otra dificultad que enfrentan las Fiscalías Anticorrupción es el agendamiento de las audiencias de imputación. Actualmente, los calendarios de audiencias en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) se encuentran colapsados: existen unas 50 carpetillas sin fecha asignada.
El pasado 25 de julio, Gómez presentó además un proyecto de Ley General Anticorrupción, que contempla nuevas estrategias y herramientas para investigar casos de corrupción. En su artículo 7, la propuesta establece que, en los procesos penales, bastará la presentación de una auditoría realizada por las propias instituciones como prueba, sin requerir el refrendo de la Contraloría General de la República para su validez o acreditación en el proceso.
