El procurador Luis Carlos Gómez solicitó a los ministros y directores de instituciones públicas que se conviertan en querellantes en los procesos que se adelanten por la presunta comisión de los delitos de peculado, corrupción y otros delitos contra la administración pública.
En una nota enviada a la procuradora de la Administración, Gretell Villalaz, Gómez le solicita que interponga sus buenos oficios para que los ministros y directores de instituciones públicas en las que se han detectado irregularidades en el manejo de los fondos públicos se conviertan en querellantes.
A través de la nota con fecha del pasado 27 de junio, el procurador Gómez plantea que la participación activa de las instituciones públicas como querellantes en los procesos judiciales que involucran afectaciones a sus competencias o recursos fortalece el principio de legalidad y propicia una defensa más activa de interés general.
Gómez estima que la actuación coadyuvante resulta fundamental para garantizar la transparencia, la responsabilidad y la recuperación del patrimonio estatal que haya sido comprometido.
También planteó la necesidad de enviar notas a las entidades públicas por parte de la Procuraduría de la Administración, para recomendar su intervención en estos procesos de investigación sobre el mal manejo de los fondos públicos.
En la actualidad el Ministerio Público (MP) adelanta varias investigaciones por presunto manejo irregular de fondos en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), el Consejo Nacional para el Desarrollo (Conades), el Ministerio de Educación (Meduca), varias juntas comunales, la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).
También hay investigaciones relacionadas con el manejo irregular de fondos en el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Ministerio de Salud (Minsa).
A la vez existen investigaciones por malos manejos en el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), Panamá Ports Company y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), así como en algunos Municipios.
La semana pasada, la Fiscalía Anticorrupción desplegó a 73 funcionarios para realizar diligencias y requerir información en instituciones públicas sobre diversas investigaciones relacionadas con afectaciones de los fondos públicos.
También se han realizado cientos de inspecciones oculares en el Registro Público y se han solicitado informes de auditoría a la Contraloría General de la República para establecer las afectaciones al erario público.
Según datos del Ministerio Público, al menos 225 auditorías siguen pendientes de entrega por parte de la Contraloría General de la República, lo que representa una carga operativa que retrasa las investigaciones por delitos contra la administración pública. En enero de 2025, la Procuraduría ya había advertido formalmente sobre el rezago en 166 auditorías.
