El procurador general de la Administración, Rigoberto González, envió en el mes de febrero de 2022 a la Corte Suprema de Justicia su opinión sobre la demanda de inconstitucionalidad que presentó el abogado Daniel Arturo Lombana contra la Resolución No. 71 de 4 de agosto de 2021, del Ministerio de la Presidencia.
La resolución, firmada por el vicepresidente de la República y ministro de Presidencia, José Gabriel Carrizo, declaró como información de acceso restringido las actas, notas, archivos y otros registros o constancias de las discusiones o actividades del presidente y vicepresidente de la República y del Consejo de Gabinete.
A pesar de que González envió su opinión sobre el tema el pasado mes de febrero aún en la Procuraduría de la Administración no se tiene de parte de la Corte Suprema de Justicia “la constancia de recibido” de los documentos.
González es de la opinión que esa resolución es violatoria de varios artículos de la Constitución y que además es contraria a lo que establece la Ley de Transparencia de Panamá, especialmente en lo referente al tema de los habeas data.
También el procurador de la Administración consideró que no se puede generalizar sobre la restricción de todas las actas del Consejo de Gabinete, ya que las que no están ligadas a la seguridad nacional son de libre acceso.
Además de Lombana el abogado Ernesto Cedeño presentó en el mes de agosto de 2021 otra demanda contra la misma resolución, pero ante los magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema.
