El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, abogó por la colaboración internacional en la detección e incautación de activos derivados de actos de corrupción.
Así lo comunicó Gómez durante su participación en la Segunda Conferencia Global para la Medición de Actos de Corrupción, que se celebra en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York (Estados Unidos).
En la actividad, Gómez instó a una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas, así como al fortalecimiento de la integridad de los funcionarios.
La conferencia es organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC) y la Academia Internacional Anticorrupción (IACA).
El propósito del encuentro es desarrollar técnicas precisas para la medición de la corrupción, con el fin de comprender sus causas y consecuencias.
El procurador Luis Carlos Gómez participa en la Conferencia Global para la Medición de Actos de Corrupción. En el evento pide mayor cooperación internacional contra la corrupción. Video/Cortesía pic.twitter.com/dGjn7QEKBj
— La Prensa Panamá (@prensacom) December 3, 2025
El Ministerio Público mantiene en estos momentos varios expedientes de casos de corrupción que involucran a funcionarios y exfuncionarios, a quienes se les asignó el manejo de fondos públicos.
Tal es el caso de la investigación por el manejo de dinero entregado a juntas comunales y municipios por parte de la Autoridad Nacional de Descentralización.
Por este caso, se ha ordenado la conducción de unos 70 representantes de corregimiento, alcaldes y tesoreros de juntas comunales.
En este caso, informes de auditoría preliminares revelan una afectación por más de $25 millones.
Otro caso emblemático que involucra a funcionarios y exfuncionarios es la investigación por presunta corrupción en el manejo de fondos del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).
También se adelantan investigaciones por presunto peculado relacionado con fondos entregados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), cuya lesión patrimonial asciende a $24 millones.
