La procuradora de la Administración, Grettel Villalaz, estimó que el fuero penal otorgado a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones no los exime del cumplimiento de las normas de tránsito ni puede interpretarse como una inmunidad para eludirlas.
El pronunciamiento responde a una consulta elevada a su despacho por el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, sobre si los diputados de la Asamblea Nacional están obligados a atender las señales de tránsito y los retenes policiales ubicados en las vías públicas y, además, si están facultados para transitar en vehículos que no porten la placa correspondiente.
Villalaz aludió al Decreto Ejecutivo No.640 de 2 de diciembre de 2006, que regula la administración y operación de las vías públicas, el cual señala que todos los vehículos, conductores, peatones y personas que conduzcan animales estarán en manos de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).
Así mismo explica que en lo concerniente al uso de placas de circulación, el citado decreto, precisa que para transitar en las vías públicas todo vehículo requiere de una placa única y definitiva suministrada por el Municipio donde se encuentre registrado, la cual portará con carácter permanente.
También destacó que en lo concerniente al uso de las placas de circulación, el decreto señala en su artículo 33 lo siguiente: “para transitar en las vías públicas, todo vehículo requiere una placa única y definitiva suministrada por el Municipio donde se encuentre registrado, la cual portará con carácter de permanencia e intransmisibilidad y tendrá validez en toda la República de Panamá”.
Villalaz manifiesta que de ahí, queda claro que todas las materias que regula el citado Decreto Ejecutivo, concerniente a la operación y administración de las vías y accesos públicos, se aplicará a los vehículos, propietarios, conductores, peatones y personas que conduzcan animales, sin distinción alguna.
La funcionaria afirma que en virtud de todo lo antes expuesto, es de la opinión que todos los conductores, propietarios de vehículos a motor que circulen por el territorio nacional, están en la obligación de acatar las normas de tráns¡to y, por tanto, el fuero penal otorgado a aquellos servidores públicos en el ejercicio de sus funciones no los exime del cumplimiento de estas normativas, ni podrá ser entendiendo como una inmunidad para persuadir su cumplimiento.
También concluye que en el evento que un agente de la Policía Nacional tenga conocimiento que un servidor público que ostente fuero penal, se encuentre involucrado en un hecho de tránsito o desacate algunas de las normas contenidas en el Reglamento de Tránsito, deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad competente para su investigación y juzgamiento, tal como lo establece el párrafo cuarto del artículo 487 del Código Procesal Penal y el artículo 155 de la Constitución Política de la República.
Villalaz reconoció que el fuero penal otorgado por la Constitución a los diputados es un privilegio que los protege para que no sean juzgados por un Tribunal común —sino por autoridades de mayor jerarquía— evitando persecuciones políticas y garantizando la estabilidad de los poderes del Estado. Sin embargo, agrega, este fuero no puede ser interpretado como una inmunidad especial, para incurrir en hechos delictivos o policivos que puedan alterar el orden público interno o poner en peligro la seguridad de la ciudadanía.
