A pesar de que la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia dictaminó la revocatoria de ascensos otorgadas de manera irregular a varios funcionarios del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), los afectados no deberán devolver los dineros percibidos durante el tiempo en que les fue conferido ese beneficio.
Así lo explicó el procurador de la Administración, Rigoberto González, al dar respuesta a una consulta hecha por el director del Senan, Luis De Gracia, quien preguntó si esa entidad debía retener los dineros otorgados entregados en virtud de los ascensos.
De acuerdo con la opinión del procurador González, los fallos emitidos por la Sala Tercera Contencioso tienen efecto hacia el futuro y además que los fallos emitidos no recaen sobre el aumento salarial concedido, si no sobre el rango conferido.
Montenegro detalla que la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte plantea que en las acciones de nulidad, como las demandas presentadas contra los ascensos, se refieren a un acto específico con efectos hacia el futuro.
A la vez precisa que de la jurisprudencia de la Sala se concluye que la sentencia que anula el ascenso únicamente afecta el período posterior a su publicación; “debiendo entenderse en consecuencia, que la declaratoria de nulidad no incide en los efectos que ya surtió dicho acto administrativo de ascenso, como lo son el cobro de salarios o prestaciones laborales, ni en los derechos adquiridos de acuerdo con el mismo, como es el caso del ajuste salarial, las jubilaciones y las vacaciones ya concedidas”.
La consulta del director del Senan se produce luego que la Sala Tercera acogiera varias demandas presentadas por el exministro de seguridad, Rolando Mirones, contra una serie de ascensos irregulares concedidos en la administración del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019).
En diciembre de 2019, seis meses después de la toma de posesión del presidente Laurentino Cortizo, Rolando Mirones, presentó las primeras 14 demandas contra los ascensos.
En ese momento, Mirones alegó que se había promovido a personas que no eran uniformados y que no habían pasado por la Academia de la Policía Nacional.
El Ministerio de Seguridad presentó cerca de 200 demandas ante la Sala Tercera Contenciosa Administrativa de la Corte por ascensos supuestamente dados sin méritos.
Por estos casos la Fiscalía de Cuentas también abrió una investigación ante una posible lesión patrimonial ocasionada al Estado.
La fiscalía, en abril del 2022, remitió una nota a la Contraloría General de la República en la que solicitó la realización de un auditoría, tras enumerar una serie de irregularidades en los ascensos realizados a favor de oficiales del Senan y Policía Nacional, luego que se dieran los primeros fallos de la Sala Tercera de la Corte.
Las denuncias presentadas por Mirones también alcanzaron a funcionarios de la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), algunas de las cuales aún se encuentran en trámite.
