La Procuraduría General de la Nación informó la noche de este jueves 9 de abril que inició una investigación penal, luego de que presuntamente funcionarios de la Contraloría General de la República interrumpieron una diligencia de entrevistas a auditores, en el caso que se le sigue al exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.
En un comunicado, la Procuraduría resalta que la denuncia fue presentada por una fiscal superior Anticorrupción, quien informó “sobre funcionarios de la Contraloría General de la República que irrumpen en medio de un acto de investigación que involucraba auditores de dicha institución, impidiendo con ello la culminación del mismo”.
De igual manera se explica en el comunicado que “los citados auditores, al ser requeridos por autoridad competente, se encontraban rindiendo entrevista dentro de una causa que se adelanta en dicho despacho por el delito de enriquecimiento injustificado, en contra de un exvicepresidente de la República”.
No se precisa de qué nivel son los funcionarios de la Contraloría que habrían irrumpido en el despacho de la Fiscalía Anticorrupción.
El pasado 28 de enero, una juez de garantías imputó cargos y ordenó el arresto domiciliario de Carrizo por la comisión del presunto delito de enriquecimiento injustificado.
Como parte de su investigación, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que el exvicepresidente obtuvo ingresos por la suma de $7.1 millones durante su gestión (2019-2024). Sin embargo, tras culminar su mandato, los bienes declarados superaron los $9 millones, lo que arroja una diferencia no justificada de $1.9 millones.
Las afirmaciones de la fiscalía se fundamentan en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que revela el supuesto aumento patrimonial del exvicepresidente.
