El procurador de la Administración, Rigoberto González, recomendó al presidente de la República, Laurentino Cortizo, declarar inexequible (inviable) el proyecto de Ley 650 que reforma la Ley 106 de 1973 y que dicta ciertas disposiciones respecto a las contrataciones menores en los municipios, juntas comunales y consejos provinciales.
En una consulta elevada por el jefe de Asesoría Legal del Ministerio de la Presidencia, Gian Francisco Sánchez, sobre si dicho proyecto de ley puede ser objetado por inexequible o inconveniente, el procurador González concluye que el sistema de contrataciones públicas en Panamá se rige por la Ley 22 de 27 de junio del 2006 (ley de contrataciones públicas) y que dicha norma es de estricto cumplimiento en el proceso de selección de contratistas y en los contratos que realice el gobierno central, las entidades autónomas, los municipios y la juntas comunales.
González sostiene que toda reglamentación relacionada con el sistema de contrataciones públicas deben estar comprendidas en la Ley 22 de 27 de junio de 2006, incluyendo a las que se aplican en los municipios, juntas comunales y consejos provinciales.
El proyecto fue presentado en julio de 2021 por Javier Sucre, diputado Partido Revolucionario Democrático (PRD). La iniciativa introduce cambios en el mecanismo para las contrataciones menores en los municipios, juntas comunales, consejos provinciales y comarcales.
La iniciativa crea nuevos procedimientos para los contratos que no excedan los $50 mil y los incluye en la Ley 106 de 1973, sobre régimen municipal, lo que flexibiliza aspectos de la Ley 22 de 2006 de contrataciones públicas.
Sucre propuso flexibilizar los procesos de contrataciones en los municipios, juntas comunales y consejos provinciales a raíz de la pandemia de covid-19 y desastres naturales registrados en los dos últimos años. Por esa razón planteó establecer “un procedimiento expedito” que “forme parte de la legislación correspondiente al régimen municipal”, es decir, la Ley 106 de 1973.
Al respecto, el procurador González sostiene que este proyecto de ley introduce elementos de discrecionalidad, subjetividad o conflictos de interés, al no establecer de forma clara los requisitos para que los municipios, juntas comunales y consejos provinciales se acojan la excepcionalidad del procedimiento de compras menores a través del sistema de cotización en línea.
El 8 de septiembre de 2021 el diputado Sucre solicitó al procurador una opinión sobre la viabilidad de este proyecto de ley. En esa ocasión González le planteó que lo recomendable es introducir estos cambios en la ley de contrataciones públicas.
