El entramado de sociedades utilizadas para distribuir los sobornos, los nombres de los que recibieron millones en coimas, las firmas de abogados usadas para las transacciones, el mecanismo para esconder el ilícito.
Todo eso sigue quedando al descubierto en la audiencia preliminar del caso Odebrecht, considerado el proceso de corrupción más emblemático de los últimos tiempos.
Nombres de ministros, funcionarios y allegados de los gobiernos de Ricardo Martinelli (2009-2014) y de Juan Carlos Varela (2014-2019) figuran en la trama.
Ayer martes, por ejemplo, con la lectura de la vista fiscal, se remarcó que la Constructora Internacional de Sur, constituida en 2006, fue clave en el entramado que creó la empresa brasileña para pagar los sobornos a cambio de millonarias obras.
Entre el pasado lunes y ayer martes se han leído 238 de las 810 páginas (931, si se cuentan los anexos) que contiene la vista fiscal. Ayer martes en la tarde, al concluir la audiencia, la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo aseguró que “se pudo ilustrar públicamente el esquema de blanqueo, [la] conformación de las sociedades que recibieron el ilícito y la participación de algunos exfuncionarios, entre ellos, exministros”.
Morcillo añadió que, según se avance con la lectura de la vista fiscal, “quedará clara la estrategia que se utilizó para el blanqueo de capitales”.
El también fiscal Mahmad Daud Hasan está convencido de la fortaleza del expediente. “El expediente está sumamente fortalecido. El Ministerio Público ha hecho un trabajo responsable”, dijo a los periodistas en horas de la mañana de ayer martes.
Querellan a la jueza
Mientras tanto, un nuevo recurso legal fue presentado por la defensa del expresidente Martinelli con el que se busca detener la audiencia.
Se trata de una querella penal por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y extralimitación de funciones contra Baloisa Marquínez, la jueza del caso, porque supuestamente no podía dar inicio al acto de audiencia preliminar contra el exgobernante, ya que este tiene fuero electoral penal en calidad de presidente de Realizando Metas (RM), colectivo que por estos días desarrolla actividades electorales internas.
La querella, presentada por la abogada Shirley Castañeda, precisa que al dar inicio al acto de audiencia, Marquínez habría violado el artículo 191 de la Ley 53 de 2015, sobre la carrera judicial, pues, según ella, no cumplió con los actos procesales y administrativos que deben llevarse a cabo durante una audiencia pública.
Esto, según el recurso, pone en indefensión a Martinelli, ya que no se pidió una autorización “expresa” al Tribunal Electoral, sobre el fuero que -según ella- protege al expresidente.
Retiran ‘habeas corpus’
En el Órgano Judicial informaron que los abogados Abilio Batista y Gladys Quintero desistieron del habeas corpus colectivo presentado el pasado lunes a favor de los imputados en el proceso. Los dos abogados aseguraron que tomaron esa decisión, para no dilatar la audiencia. El acto sigue hoy miércoles con la lectura de más páginas de la vista fiscal.
