El avance de las investigaciones relacionadas con el presunto fraude perpetrado contra veteranos de guerra de Estados Unidos se encuentra paralizado tras la presentación de dos amparos de garantías constitucionales interpuestos por el médico Walter Kravcio y Marianela Martínez de Alvarado, en los que se alegan violaciones del debido proceso durante la investigación.
El recurso presentado por Kravcio está dirigido contra las actuaciones de la juez de garantías Hiroko Tinoco durante el acto de audiencia realizado el 24 de diciembre de 2025, al no acoger un recurso de nulidad contra la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada.
De acuerdo con el recurso, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada incurrió en una serie de violaciones del debido proceso, ya que no permitió al investigado ejercer acciones de legítima defensa en tiempo oportuno.
Según el documento, la fiscalía realizó varias diligencias de investigación sin admitir la querella contra Kravcio, lo que impidió a sus abogados estar presentes en dichas actuaciones. Además, el escrito detalla que los investigados en este caso no tuvieron ninguna oportunidad para ejercer acciones que aseguraran su derecho a la defensa, lo que produjo una clara violación de sus garantías fundamentales.
La presentación de los amparos impidió que se cumpliera con la fase intermedia del proceso, en la cual la fiscalía y la defensa debían desvelar las pruebas que serían usadas en la fase de juicio.
Por este caso, el médico Rolando Chin alcanzó un acuerdo de pena de 18 meses de prisión. Esta pena puede ser sustituida por el pago de una multa o trabajo comunitario.
Mientras que Kravcio, Javier Alvarado y Marianela Martínez de Alvarado (esposa de este último) gozan de medidas cautelares distintas a la detención provisional, lo que les permite seguir ejerciendo su profesión.
La investigación se inició tras una denuncia presentada por la Embajada de Estados Unidos en Panamá sobre la presunta participación de profesionales de la medicina en un esquema de fraude en perjuicio de veteranos de guerra residentes en Panamá, quienes recibían atención de salud a través de un seguro.
Hasta agosto de 2023, la fiscalía había logrado cautelar la suma de $585,689 depositados en bancos locales, que se presume formaban parte del dinero pagado por el gobierno estadounidense para que sus veteranos recibieran atenciones médicas en Panamá.
En 2024, unos 36 proveedores médicos en Panamá fueron suspendidos del Programa Médico Extranjero del Departamento de Asuntos de los Veteranos de Estados Unidos (VA, por sus siglas en inglés) tras una investigación por supuesto fraude en perjuicio de veteranos estadounidenses, a quienes presuntamente se les cobró por servicios médicos que no recibieron.
En aquella ocasión se informó que estas suspensiones eran parte de las medidas para proteger a los veteranos de posibles fraudes, abusos y despilfarro de recursos. Aunque la suspensión de estos proveedores fue una medida sin precedentes, se advirtió que podrían ser inhabilitados permanentemente, lo que protegería el interés público y evitaría futuros fraudes contra los programas del VA, los veteranos y el gobierno federal.
Fuentes ligadas a este caso explicaron que aún existen al menos 16 personas naturales y jurídicas que son objeto de investigación y que pueden ser imputadas en una carpeta separada, ya que todavía se están recabando evidencias sobre su vinculación con las irregularidades detectadas.
