Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares continúan detenidos en una prisión militar en Guatemala, mientras los expedientes sobre sus respectivas causas se encuentran en la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, “a la espera de que se resuelvan las actuaciones procesales planteadas por los abogados defensores”.
En el Organismo Judicial de Guatemala informaron que en ambos procesos hay recusaciones pendientes de resolver. También hay un amparo de garantías, promovido por la defensa de Ricardo Alberto, contra decisiones del Tribunal Tercero de Sentencia Penal, referentes a su detención.
“Estas tres actuaciones judiciales [las dos recusaciones y el amparo] son las que están pendientes de resolverse en la Sala Primera de la Corte de Apelaciones”, indicaron en el Organismo Judicial de Guatemala.
Hasta que estos recursos no se resuelvan, el trámite para la extradición de ambos a Estados Unidos se encuentra, de momento, paralizado.
Los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal fueron detenidos en Guatemala el 6 de julio pasado, a solicitud de Estados Unidos, que los requiere en extradición por cargos por presunto blanqueo de capitales y conspiración para lavar dinero.
El caso de Ricardo Alberto fue derivado al Tribunal Tercero de Sentencia Penal, y el de Luis Enrique, al Tribunal Quinto.
El 10 de julio, el Tribunal Tercero celebró una audiencia, en presencia de Ricardo Alberto, pero la misma terminó cuando la defensa anunció un amparo porque los jueces no reconocieron a su cliente su presunta condición de diputado suplente del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
También Luis Enrique reclama su reconocimiento como diplomático y miembro del Parlacen. Los hermanos nunca han sido juramentados en dichos cargos.
En cuanto a Luis Enrique, el 24 de julio, el Tribunal Quinto ordenó el inicio del proceso de su extradición a Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses tenían un plazo de 40 días para presentar la solicitud formal de extradición y los documentos que la sustentan.
Según una acusación presentada por el FBI -con quien los hermanos sostuvieron reuniones en varias oportunidades y en persona-, Ricardo Alberto y Luis Enrique habrían participado como “intermediarios” en la recepción y pagos de sobornos por $28 millones, “bajo la dirección de Odebrecht”.
Los pagos -como consta en la acusación que está en una corte de Nueva York- habrían beneficiado a un funcionario panameño, cuyo nombre no ha sido anotado en los documentos divulgados hasta ahora. No obstante, ese funcionario es descrito como “un oficial con un altísimo cargo en el gobierno de Panamá” entre 2009 y 2014, periodo que corresponde al mandato presidencial de Martinelli Berrocal, y, además, “familiar cercano” de los dos acusados.
En Panamá, Marta Linares de Martinelli ha pedido una cita al presidente Laurentino Cortizo, con la intención de que Panamá interceda y solicite la entrega de los dos detenidos.
