Redes criminales, entre ellas el Clan del Golfo, están patrocinando a algunos grupos para que se dediquen a la extracción de oro y platino en la selva del Darién, como una actividad para obtener recursos económicos adicionales.
De eso están convencidos investigadores de la Fiscalía Especializada de Delitos contra el Medio Ambiente del Ministerio Público y lo han dejado plasmado en informes de inteligencia agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). Paralelamente el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Ministerio de Ambiente trabajan en conjunto otros estamentos de seguridad para desarrollar estrategias para combatir a estos grupos que operan en la espesura de la selva.
Del lado colombiano, la minería ilegal es una actividad floreciente que se ha extendido hacia territorio panameño, utilizando el mismo modelo de operación de financiar pequeños grupos que sacan el oro y luego lo introducen al sistema financiero.
Solo el pasado 6 de marzo, tres hombres fueron aprehendidos cuando desarrollaban actividades de minería ilegal en el Parque Nacional Chagres y, el pasado 20 de febrero, otras cuatro personas fueron sorprendidas en Quebrada Mula, Sabanitas, en la provincia de Colón, cuando extraían oro de manera ilegal.
Además, el 28 de enero de 2022, un campamento de minería ilegal fue desmantelado en la comunidad de Tucutí y Tutumatillo, en la provincia del Darién, cuando practicaban minería ilegal en el río Sábalo.
Otras comunidades darienitas en las que se ha detectado esta actividad son La Miel, La Hoya, Alto Limón, Playa Muerto, Jaqué y La Unión. También en el área de Donoso, provincia de Colón, las autoridades han tenido reportes de actividades de minería clandestina.
Un informe de inteligencia de Senafront revela que el trabajo de estas organizaciones es muy similar al ejecutado por los carteles de las drogas y que genera grandes sumas de dinero.
El pasado 15 de febrero, las autoridades de Panamá y Colombia establecieron un acuerdo para combatir a las redes criminales presentes en Darién dedicadas a la minería ilegal y al tráfico de migrantes.
En esa ocasión, el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, dijo que “tenemos que enfrentar la criminalidad del Clan del Golfo, fortalecer la inteligencia y poder identificar grandes organizaciones que puedan estar aliadas con el Clan del Golfo o realizar actividades delictivas de manera independiente es un tema fundamental”.
Velásquez insistió en la necesidad de que las autoridades militares y policiales compartan información de inteligencia para combatir las actividades criminales en la región fronteriza.
El acuerdo contempla la construcción del puesto de observación binacional en Cabo Tiburón, ubicado en el municipio de Acandí, en el departamento colombiano de Chocó. También se construirá una base militar en el corregimiento de Sapzurro, en Chocó, para atender y controlar el fenómeno migratorio.
Minería ilegal destruye los ríos
La fiscal superior de Ambiente, Fátima Sánchez, confirmó que la minería es una actividad en crecimiento y que no siempre se trata de metales como el oro, sino que también hay extracción ilegal de arena, piedras y cascajo de ríos y quebradas, proceso en el que se usa maquinaria pesada que termina destruyendo el medio ambiente.
Confirmó que esta actividad es patrocinada por grupos criminales que compran los equipos y contratan el personal para hacer la actividad sin importar el daño que causan al medio ambiente y a las comunidades que dependen de estos recursos naturales.
Reconoció que este tipo de operaciones a gran escala implica deforestación de bosques, desviación del cauce de los ríos y el uso de sustancias que pueden envenenar el agua.
Reveló que el pasado mes de diciembre se logró la condena de 48 meses de prisión para 16 personas, por minería ilegal en la cabecera del río Marea, en el distrito de Chepigana, Darién, que es parte del Corredor Biológico de la Serranía del Bagre.
También se mantiene una investigación por una afectación en un río en Cañita de Chepo.
