Señora
Mónica Palm
Periodista
Diario La Prensa
E.S.D.
Quien suscribe, Janice Becerra, panameña, con cédula de identidad personal N.° 8-775-616, abogada en ejercicio con idoneidad N.° 10530, actuando en mi propio nombre y representación, acudo respetuosamente ante usted para referirme a la información publicada el 1 de septiembre de 2025 en el portal digital www.prensa.com, bajo el título “La Contraloría refrendó el acuerdo de la AIG con FINTEK pese a denuncias de corrupción”.
En dicha publicación se señala: “Oliva, Attie y Becerra deben notificarse ante la fiscalía y tienen prohibido salir del país. La fiscalía ha pedido la detención preventiva de los tres; dicha solicitud será revisada en una audiencia de apelaciones el próximo 10 de septiembre”.
Cabe aclarar lo siguiente:
● La Fiscalía nunca solicitó detención preventiva contra mi persona.
● La Fiscalía nunca apeló la medida aplicada a mi persona.
● No tengo pendiente audiencia de apelación el próximo 10 de septiembre.
Estas precisiones constan en el propio expediente judicial. Durante la audiencia se acreditó la ilegalidad de la aprehensión, toda vez que, en más de tres ocasiones, solicité ser recibida por la Fiscalía para rendir entrevista y aportar elementos aclaratorios, lo cual fue negado. La aprehensión, en consecuencia, careció de fundamento jurídico y tuvo como único efecto una exposición pública indebida que causó un daño irreversible a mi reputación.
Al ser cuestionada mi imputación, la Fiscalía no pudo sustentar hechos que vincularan mi nombre a asociación ilícita para delinquir, ni a peculado. Aunado a lo anterior, es importante aclarar que nunca administré, gestioné, ni tuve acceso a bases de datos de terceros ni de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), lo que es un elemento central del caso. Por el contrario, la propia AIG certifica que jamás fui administradora de fondos o bienes del Estado y que nunca fui funcionaria pública.
En consecuencia, resulta improcedente que este diario fabrique hechos o atribuya afirmaciones que no constan en el proceso ni provienen de la Fiscalía o de las partes, generando una versión distorsionada de los hechos, que parecieran intentar manipular la opinión con una agenda específica.
Es importante destacar que esta es la segunda réplica remitida a raíz de errores y falsedades que, por su reiteración, podrían interpretarse como actuaciones de mala fe.
Adicionalmente, en la nota se indica que no se logró obtener opinión del denunciante. Sobre este punto, debo señalar que esta persona mantuvo ataques personales direccionados hacia mi persona de manera recurrente y sistemática mientras ejercía funciones de consultoría, motivados por su inconformidad con mis honorarios, lo que derivó en una denuncia infundada cuya veracidad será demostrada en el curso del proceso.
En apego al derecho que me confiere la Ley N.° 22 de 2005 y cumpliendo con los parámetros que el propio Diario La Prensa detalla en su portal institucional (https://corprensa.com/derechoareplica/), solicito formalmente, en fecha 1 de septiembre de 2025, que se rectifique la información publicada, ajustándola a los hechos comprobados.
Agradezco que la rectificación se efectúe dentro del plazo legal, observando las formalidades de espacio y tiempo que establece la norma. Confiamos en que el medio, en cumplimiento de su deber de informar con veracidad, procederá a realizar la rectificación solicitada.
Atentamente,
Janice Becerra
C.I.P. 8-775-616
cc. Jorge Molina Mendoza
Director del Diario La Prensa
Lcdo. Julio Macías
MACAST Abogados
Las réplicas son publicadas como son enviadas por su autor. La Prensa no modifica, edita o corrige su contenido.