El Tribunal Superior de Apelaciones de Chiriquí revocó la medida cautelar de depósito domiciliario concedida al representante del corregimiento de David cabecera, Jorge Eduardo Montenegro Vallarino, imputado por el delito de peculado por el manejo irregular de fondos entregados por la Autoridad Nacional de Descentralización.
Hace ocho días, un juez de garantías había concedido la medida de depósito domiciliario por motivos de salud a Montenegro, pero esa decisión fue apelada por la fiscal anticorrupción Alia Suleimán.
Los magistrados del Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito Judicial (Chiriquí y Bocas del Toro) Katherine Pittí Valdés de Molina, Carlos Daniel Fajardo y Rita del Carmen Williams decidieron revocar la decisión del juez de garantías por considerar que existen riesgos procesales de destrucción de pruebas y que el imputado puede influir en el personal de la Junta Comunal de David mientras se mantiene el proceso de investigación.
Durante la audiencia, celebrada en la tarde de ayer lunes, la fiscalía insistió en que la medida de detención provisional era la más adecuada en este caso, por considerar que el imputado podría influir en testigos y funcionarios.
Montenegro Vallarino, quien pertenece al Partido Revolucionario Democrático (PRD), se entregó voluntariamente el 23 de diciembre de 2025 en las oficinas de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Chiriquí, luego de que la Fiscalía Anticorrupción emitiera una orden de aprehensión en su contra.
El Ministerio Público lo señala por la presunta comisión del delito de peculado doloso agravado, en perjuicio de la Junta Comunal de David. De acuerdo con la investigación, la lesión patrimonial ascendería a $4.4 millones, correspondientes al período 2019-2024.
Por este caso también se encuentra imputado Emgelberth Geovanny Estrada Linares, miembro de la junta directiva de la Caja de Seguro Social, quien se había desempeñado como tesorero de la Junta Comunal de David entre los años 2019-2024, a quien la fiscalía le atribuye participación en el manejo irregular de fondos de la descentralización asignados a dicha entidad.
Hasta ahora, la Fiscalía Anticorrupción ha establecido en $25.4 millones la lesión patrimonial objeto de investigaciones relacionadas con el manejo de fondos de la descentralización por parte de 36 representantes y exrepresentantes de corregimiento, así como extesoreros, a los que se les han formulado cargos por la presunta comisión del delito de peculado.
Fuentes judiciales informaron que hasta ahora se han realizado unas 70 audiencias de imputación, aplicación de medidas cautelares y apelación ante tribunales superiores. En la mayoría de los casos se han impuesto medidas de impedimento de salida del país y notificación periódica, tras imputar cargos por peculado.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó a la Contraloría General de la República una ampliación de la auditoría realizada sobre los fondos asignados a los representantes de corregimiento para determinar los montos exactos de la lesión patrimonial ocasionada.
