El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá confirmó este miércoles la medida cautelar de detención provisional impuesta por una jueza de garantías a un exfuncionario, por la presunta comisión del delito contra el patrimonio económico, relacionado con el robo de 60 armas en la Caja de Seguro Social (CSS).
Las magistradas Donají Arosemena (presidenta), Greta Marchosky y el magistrado Raúl Leonel Urriola decidieron mantener la medida tras escuchar los alegatos presentados durante la audiencia.
Además, el tribunal confirmó las medidas cautelares de reporte periódico una vez por semana y la prohibición de salida del país para otros dos implicados.
Las armas fueron sustraídas de las oficinas de seguridad de la CSS. De acuerdo con las investigaciones, estas fueron entregadas a la pandilla Baby Killa, que opera en el área de Carrasquilla.
Durante la audiencia anterior, se comprobó que agentes de seguridad del CSS coordinaron la sustracción de las armas con miembros de dicha pandilla, quienes posteriormente las venderían en el mercado negro local a precios que oscilaban entre $500 y $1,000.
Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, uno de los agentes facilitó la llave de acceso a la armería de la CSS, ubicada en la sede de Clayton, mientras que otro gestionó el alquiler de un vehículo con el que se transportaron las armas hasta una residencia en Carrasquilla.
En una diligencia realizada por la fiscalía, se logró comprobar, a través del sistema de GPS del vehículo, que este estuvo en Clayton en la fecha y hora en que se produjo el robo de las armas.
