Una denuncia penal contra el exmagistrado de la Sala Penal Corte Suprema de Justicia (CSJ), Harry Díaz, por la presunta comisión del delito de colusión, en perjuicio del expresidente Ricardo Martinelli, fue presentada este jueves ante el Ministerio Público.
En el reclamo, Martinelli exige un pago de $10 millones por presuntos daños y perjuicios.
La denuncia -presentada por los abogados Jamis Acosta y Alejandro Pérez- plantea que el exmagistrado vulneró el artículo 46 del Código Penal, que establece que el servidor público del Órgano Judicial o del Ministerio Público que por medios fraudulentos profiera alguna resolución manifiestamente contraria a la Constitución o la ley de modo que cause perjuicio, será sancionado a una pena de cinco a diez años de prisión.
Díaz fungió como magistrado fiscal en el proceso seguido por Martinelli por presunto espionaje político y peculado. Por esta causa, Martinelli fue encarcelado y extraditado por Estados Unidos a solicitud de la CSJ. El caso salió de la esfera de la Corte, cuando Martinelli renunció como parlamentario centroamericano. En agosto de 2019, un panel de tres jueces lo declaró “no culpable”, decisión que está en apelación.
Según la denuncia, la vista fiscal que elaboró Díaz el 9 de octubre de 2015, en la que pide hasta 21 años de prisión para Martinelli, “se realizó en total ausencia de los procedimientos establecidos en el artículo 5 y 280 del Código Penal y que se hizo un mal uso del derecho para proferir una acusación contraria a la ley”.
También detalla que “la ausencia de imputación formal en este caso y haber pasado directamente a la acusación”, causó un daño a la vida y honra del exmandatario y que la acción emprendida por Díaz, como magistrado fiscal, tuvo la “única intención” de llevarlo a un “vía crucis legal, sin cimientos legales reales”.
Igualmente, se quejan porque Díaz realizó declaraciones públicas refiriéndose al caso, cuando ya no era de su competencia.
Díaz -que dejó de ser magistrado en diciembre pasado, al concluir su mandato de 10 años- aseguró que una denuncia penal que reclama indemnización deja mucho que desear de los abogados de Martinelli.
Además, que le dará mucho gusto explicar ante un fiscal cómo fue la votación del Pleno de la Corte sobre el tema de la imputación en los casos que involucren a diputados de la República, sean de la Asamblea Nacional o del Parlacen.
De hecho, todas las actuaciones de Díaz, como fiscal de la causa, fueron avaladas por el entonces magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía y por el pleno de la Corte.
Lea aquí la nota titulada 'Pleno: a Martinelli no se le han violado sus derechos'
Tanto Mejía como Díaz han sido denunciados en varias ocasiones por Martinelli y su séquito de abogados. De hecho, en noviembre pasado, los querelló penalmente a ambos, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, y a cada uno le pidió un pago de $5 millones.
“El problema con la gente que se cree impune es que les molesta que las personas que respetan la ley, les digan que ellos también deben responder ante la sociedad”, añadió.
