La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo aseguró que las pruebas presentadas durante la fase de alegatos son suficientes para que el tribunal dicte una sentencia de culpabilidad contra 16 acusados por blanqueo de capitales, en el juicio del caso Odebrecht.
Poco antes de entrar a la sesión de este jueves 26 de febrero, Morcillo habló con los medios de comunicación que dan cobertura al juicio, explicó las razones por las que solicitó una responsabilidad penal para 16 de los 21 procesados y calculó que el juicio podría concluir este viernes 27 de febrero.
“Hay pruebas que nos permiten decir que esa persona sabía que lo que estaba haciendo era con el ánimo de delinquir, de blanquear dinero”, remarcó la fiscal.
Sobre los alegatos de la defensa, comprende que tienen el rol de “desvirtuar” todo lo que ha dicho la fiscalía.
Sobre la absolución que solicitó el Ministerio Público para cinco acusados, explicó que finalmente no se podía sustentar una sentencia condenatoria con los elementos recabados, “ya que estaban alejados del dominio del hecho para cometer el delito de blanqueo de capitales, que es sumamente especializado y con muchas estructuras”.
‘Periquita 4′
Este jueves, correspondió al abogado Sidney Sitton hacer los alegatos en defensa de Aurora Muradas, amiga íntima del expresidente de Ricardo Martinelli (2009-2014), quien también está acusado en este aso.
Aunque se ha probado que Muradas se benefició de los sobornos desembolsados por Odebrecht, la fiscalía pidió su absolución ya que no ha podido probar que ella sabía que esos dineros eran ilícitos.
Sittón cuestionó a los peritos Antonio Lin y Eliseo Ábrego, de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), ya que él considera que no están preparados técnicamente para elaborar un informe de análisis financiero de las cuentas, transacciones bancarias y estados de cuenta relacionados con los fondos de Odebrecht.
Suárez y su nexo con Cort y los Martinelli
Luego le correspondió el turno a Rosendo Miranda, abogado del exministro de Obras Públicas, Federico José “Pepe” Suárez, quien aseguró que su cliente no actuó con dolo.
Aseguró que los fondos no los recibió él, sino el entramado empresarial de su familia, el Grupo Suárez, y que la fiscalía no presentó elementos vinculantes del delito contra el exministro.
En contra de Suárez está el testimonio del abogado Mauricio Cort, un colaborador de la fiscalía quien anteriormente tenía un negocio denominado Cort Business Brokers & Consultors Inc. Cort, como parte de su acuerdo de colaboración y de pena, confesó que fue contactado por Suárez para que recibiera dinero “fuera de las jurisdicción panameña”. Suárez le dijo que los pagos eran por la terminación de la relación societaria entre los grupos Martinelli y Suárez, pero -siempre según lo narrado por Cort- después supo que esa plata procedía de Odebrecht. El exministro simuló la compra de propiedades (como un apartamento en el PH Mediterraneo Loft, en vía Argentina, un proyecto inmobiliario propiedad de su familia) para ocultar el origen de los fondos, según consta en la investigación.
Además de su delación, Cort se presentó en el juicio, como testigo de la fiscalía y, en el estrado y bajo juramento, reafirmó sus señalamientos.
Cuando Suárez fue ministro, el MOP adjudicó a Odebrecht las obras denominadas cinta costera III y patrimonio histórico, y se aceleraron los pagos por la adenda del proyecto de la autopista Madden- Colón.
Pero el abogado Miranda sostiene que la relación de su defendido con Cort se estableció a instancias de los Martinelli. El propio Cort ha admitido que prestó servicios a Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente.
Alegó que Suárez no fue el destinatario final de los pagos de las sociedades ligadas a Odebrecht, que en su caso calcula que totalizan unos $30 millones.
Detalló que Cort era un testaferro que entregaba fondos a quienes lo habían contratado; en este caso, los hermanos Martinelli.
El exdiputado y su firma
Gilberto Pérez, abogado del exdiputado Jorge Alberto Rosas, aseguró que la firma Rosas & Rosas -a la que estuvo ligada su defendido- solo prestó servicios profesionales a Odebrecht. Esa relación comercial inició en el año 2004, época en que -según él- no existían indicios de su participación en actividades ilícitas.
Esa información es falsa. Desde 2008, La Prensa publicó notas en las que constaba las irregularidades en la adjudicación del proyecto de la cinta costera. El mandatario en aquel momento era Martín Torrijos (2004-2009). Ricardo Martinelli, que entonces era aspirante presidencial, hizo campaña refiriéndose despectativamente a aquel proyecto como “la cinta coimera”.
Pero Pérez insiste en que el exdiputado nunca tuvo información de actividades irregulares por parte de Odebrecht, por lo que no se le puede responsabilizar de nada.
También detalló que Rosas & Rosas cumplió con su labor de debida diligencia; la empresa tenía un perfil financiero y no mantenía reportes de actos irregulares.
El primo del exdiputado, Juan Carlos Rosas, y Rosa Mary Molino, abogada de Rosas & Rosas, también son enjuiciados por este caso, aunque la fiscal Morcillo ya solicitó la absolución de Rosa Mary.
